¿Qué es lo que Venezuela acordó con Uruguay en Software Libre?

Por un convenio de Software Libre con Uruguay que realmente sea distinto

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Para la comunidad de software libre venezolana, el convenio que el gobierno venezolano firmó en 2007 con la nación uruguaya en materia de tecnologías fue vergonzoso. Tres años antes, años el Presidente Hugo Chávez había firmado el Decreto Presidencial 3.390 para la migración a software libre de toda la plataforma del Estado venezolano, pero el convenio que se firmó con Uruguay lo violaba flagrantemente, pautando la adquisición de licencias de un software propietario llamado “Genexus”, desarrollado por la empresa uruguaya Artech en un convenio por varios millones de dólares. Este software generaba, a partir de diagramas y modelados, el código fuente de las aplicaciones que debía usar nuestro Estado, pero al ser una aplicación propietaria violaba el decreto firmado por el Comandante en Jefe.

El dibujar diagramas en una caja negra y que ésta te genere el código fuente de tus programas definitivamente no es soberanía tecnológica. Peor aún: se desconocía el hecho de que en Venezuela existen suficientes técnicos e ingenieros calificados para el desarrollo de aplicaciones y que nuestro país tiene mucha más experiencia en materia de desarrollo de software libre. Para nada se requería pagar a Uruguay millones de dólares para la compra de un programa que generara código fuente.

Muchos camaradas escribieron decenas de artículos en Aporrea tratando de llamar la atención sobre la situación. Finalmente, el gobierno venezolano decidió reestructurar el acuerdo, pautándose con Uruguay la creación del proyecto Altagracia, una versión de Genexus en software libre. Sin embargo, después de varios años Altagracia se estancó y dejamos de recibir noticias sobre el mismo.

El pasado 7 de mayo, muchos nos preocupamos con un comentario del Presidente Nicolás Maduro, quien indicó que se firmaría un nuevo convenio en materia de software libre con Uruguay. Maduro no dio mayores detalles al respecto, lo cual repercutió en que muchos miembros de la comunidad venezolana de software libre prendieran las alertas.

Afortunadamente, varios camaradas del Ministerio de Ciencia y Tecnología contactaron a las vocerías de varios colectivos de la Comunidad de Software Libre a través del Comité de Tecnologías de Información Libres, organizando una reunión la semana pasada para darles detalles al respecto, siempre indicándonos que la información era verídica pero extraoficial pues ellos no han sido autorizados por el Ministerio como voceros para este tema. Sin embargo, les interesa muchoque vayan conociéndose esta información entre las comunidades para evitar descontentos innecesarios.

Se nos explicó que el convenio con Uruguay es complejo e involucra muchos ministerios, no sólo Ciencia y Tecnología. Se nos insistió en que, en esta ocasión, es Uruguay la que está interesada en los desarrollos que Venezuela posee en software libre, y no al revés. Sin embargo, Venezuela reconoce la experiencia de Uruguay en procesos y metodologías, en áreas como gobierno electrónico e interoperabilidad, y está interesada en conocer su arquitectura y forma de solucionar los problemas, más no las herramientas en especial porque Uruguay utiliza herramientas privativas que no nos interesan.

También se nos informó que hace un año el CNTI ordenó el cierre administrativo de Altagracia. El proyecto se detuvo debido al poco interés de Venezuela en esa tecnología, y además había un problema filosófico de base: nadie estaba obligado a liberar el código fuente que se había trabajado. Para cerrar administrativamente el proyecto tiene que rendirse todo lo que se entregó como anticipo (533 mil dólares), dado que los objetivos del proyecto no se cubrieron. “El proyecto, sin embargo, básicamente se terminó, aunque las pruebas no nos permiten tener un sistema funcional, con lo cual ese sistema no nos sirve para lo que queremos hacer en el país”, se nos dijo. En estos momentos se negocia y discute con Uruguay cómo hacer la devolución, posiblemente a través de servicios o metodologías por parte de Uruguay hacia Venezuela, pero NO con herramientas de software.

Otro tema incluido en el convenio es la certificación de empresas para que puedan ofrecer servicios comerciales con países aliados. Hay interés en conocer esa experiencia para ver cómo podría hacerse, a través de estándares como BPM y BPMn, conociendo enfoques metodológicos, organizativos, asesorías y financiamiento para adecuación de las empresas.

Autores: Comité de Voceras y Voceros de Tecnologías de Información Libres.

Mariángela Petrizzo
Nerissa Aguilera
Stephenson Prieto
Elías Cisneros
Octavio Rossell
Luis Ernesto Rivero
Ernesto Cabrera
Luigino Bracci
José Leonel Subero
Peter Blanco
Joan Espinoza

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Haciendo del ágora una forma de quehacer político

De cómo miramos nuestras formas democráticas

A veces, como cuerpo de ciudadanos, cometemos errores similares a los que observamos en hombres y mujeres que pretenden ver en el espejo su figura reflejada como las imágenes fabricadas de modelos y artistas de la industria de los medios. Es decir, tenemos grasa, arrugas, canas, una figura normal, pero insistimos en vernos muy delgados, con músculos firmes y sin ninguna imperfección.

Nuestras instituciones están en un accionar conflictivo con la realidad social, porque esta última es cambiante y también incierta, algo con lo que las instituciones políticas no siempre pueden lidiar; sin embargo, insistimos en pensar que esas instituciones pueden dar respuestas a esas incertidumbres planteadas sin apenas inmutarse.

También con nuestras formas democráticas ocurre algo similar. Como dijimos antes, la incertidumbre es algo inherente a la sociedad. Pese a ello, permanentemente las instituciones buscan que sus mecanismos de planificación eleven su sofisticación intrínseca en aras de permitir un control mayor de aplicación de recursos, y los ciudadanos reclamamos que eso no ocurra.

La democracia se manifiesta en el voto, del mismo modo en el que sabemos que hay viento porque vemos el mover de las hojas en los árboles. Sin embargo, ni el viento es sólo el movimiento de las hojas, ni la democracia es exclusivamente el voto o termina allí.

No nos lo dijeron en nuestra formación como ciudadanos, ni de niños, ni de jóvenes, ni de universitarios. Sin embargo,  lo cierto es que la verdadera democracia no puede ser ni protagónica ni participativa a menos que incluya una genuina comprensión por parte de los ciudadanos de la importancia que tiene en su construcción la apropiación ciudadana del proceso de deliberación política.

La deliberación política, entonces, es la base genuina de la democracia protagónica y, en buena medida, es algo que puede salvarnos de ese temor casi irracional a la incertidumbre de lo social. Por ello, el proceso de construcción de las políticas públicas (desde Leyes hasta directrices políticas de acciones de gobierno), no puede ser comprendido sin que ocurra una constructiva interacción entre el poder constituyente (pueblo) y el poder constituido. Y en nuestro caso, la CRBV es prolija en modos y escenarios en los cuales esa relación, en el contexto de construcción de decisiones políticas debiera ocurrir.

La Ley de Infogobierno, entre incertidumbres y desencuentros.

Seguramente varias de las personas que leen este espacio conocen lo que llamaremos la “historia patria” de lo que se conoce como la Ley de Infogobierno. Para quienes no lo tengan muy claro, presentaremos aquí un breve y, apresurado resumen de sus antecedentes como líneas gruesas.

1. Año 2004. Comienza la movilización digital y de cuadros técnicos dentro del proceso revolucionario, en aras de la construcción de una Ley que permita regular el uso de Tecnologías de Información y Comunicación Libre por parte del Estado Venezolano. Es la primera introducción “oficial” en un planteamiento de documento legal de la necesidad de utilizar software libre en el Estado Venezolano. Se acompaña de un estudio económico muy detallado de las implicaciones de esta decisión.
2. A partir de ese momento, ocurren una serie de movimientos casi simultáneos y confluyentes en su destino, aunque divergentes en cuanto a su forma.
   1. La Asamblea Nacional (AN) es escenario de una actividad que muy pocas veces en nuestra historia democrática ha ocurrido: organizaciones y agrupaciones de personas motivadas por una causa participan de forma activa con los legisladores en la construcción de una Ley.
   2. En diciembre del 2004 se promulga el Decreto 3.390 relativo a la obligatoriedad de uso de software libre en la Administración Pública Nacional.
   3. Se presenta otro proyecto de Ley, esta vez llamado “infogobierno”, a debate parlamentario. Este nombre induce a pensar en una ley de comunicación y no en una Ley para normar el uso de TIL en el Estado, en buena medida, este nombre es algo desafortunado.
   4. PDVSA articula un proyecto de ley de Uso de TIC en el Estado Venezolano
   5. La AN inicia la discusión de la Ley de Infogobierno y en el 2008 alcanza la sanción algunos de sus artículos.
   6. La Ley es engavetada y no se levanta su sanción para una nueva discusión hasta enero del 2013.

En todo este tiempo, por parte de los colectivos de software libre ha existido la inquietud de que la insuficiencia del Decreto 3.390 para dar cuenta de los procesos complejos de migración y sustitución de aplicativos en la APN es, en buena medida, la causa principal de su poca efectividad en términos de aplicación. Esta insuficiencia legal en el citado Decreto, se evidencia, entre otras cosas, en la superficialidad de su normativa referida a sanciones por inclumplimiento de su articulado.

Este camino accidentado dentro del proceso de formación de una norma como la Ley de Infogobierno, tiene su mejor explicación en la imposibilidad de articular un proceso claro, abierto y dinámico de deliberación política entre el pueblo, poder popular o poder constituyente (a través, por ejemplo de colectivos de software libre) y el cuerpo legislativo (poder constituido con la labor de incidir en la formación de leyes). Hay un elemento importante en este contexto y es que, en buena medida, la tecnología, y las tecnologías libres, no eran un fenómeno problematizado por los ciudadanos que vivimos los comienzos de este proceso. Aunque, de algún modo, ambos actores han divisado un objetivo común, cada quien tiene su propio espejo para verse, y ciertamente la imagen percibida no es la misma.

Hoy día, con dos satélites ayudando labores tan estratégicas como el seguimiento a través de imágenes de aspectos claves para planificación y control, y las telecomunicaciones; con actividad cada vez más intensiva en la divulgación de uso de TIL por niños a través de la entrega de Canaimitas con contenidos adecuados al nivel de estudio; con incremento evidente de la socialización de la tecnología y la ciencia, sin lugar a dudas, la tecnología libre está problematizada de una forma mucho más determinante que unos 10 años atrás.

De bate en bate o cómo se bate el debate de la Ley de Infogobierno.

Ya sabemos que la tecnología está problematizándose en el pueblo venezolano. La tarea no ha sido fácil y apenas comienza, en realidad. Nos toca como activistas romper el falso concepto de que la tecnología es aquello que usamos y ya, para construir la comprensión de que es algo que debemos conocer para no sucumbir a su dominio.

La Ley de Infogobierno ha resucitado y viene con paso firme luego que el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología haya intervenido en su remozamiento. En este sentido, y de cara al proceso de deliberación política, el hito más reciente en su construcción es el debate público que recién comienza.

Parte de este camino se inició en Caracas en el mes de febrero pasado, y tuvo su segundo episodio esta mañana en Mérida con el Foro propuesto por la Comisión de CyT de la AN para debatir la Ley de Infogobierno. En este tipo de reuniones suelo tomar nota detallada en mi ordenador, cosa que no ocurrió hoy. Quedan aquí reflejadas las notas que conseguí y lo que mi memoria pudo anotar de lo ocurrido y reflejado.

Hay detalles que no ameritan se expuestos en este espacio, sin embargo, hay detalles interesantes que presento aquí:

1. La ley será discutida nuevamente el 5 de junio. Afirmó el Diputado Guido Ochoa que se espera que ese día esté aprobada. Personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de plazos dado el nivel de poco cocido del texto, pero está bien por el lado de meterle fuego al asunto.
2. CENDITEL montó un wiki para que la gente vaya colaborando allí (http://redpatria.org.ve/infogobierno). No se informó cómo se sistematizará y priorizará todas las opciones y propuestas que allí se presenten, tampoco se dijo si permitirían la participación de colectivos de software libre en ese proceso. Esperamos que sí ocurra de modo tal que funcione el fortalecimiento de la participación popular.
3. Habrá una videoconferencia abierta que, en principio se prevé sea realizada desde Carabobo y hacia 5 estados. La fecha no está clara aún y será anunciada por la web de la AN.
4. El diputado Alejandro Villanueva nos pidió usar el #leydeinfogobierno en twitter para identificar comentarios y sugerencias al respecto de la Ley. Ofrecieron sus espacios en twitter también para recoger iniciativas al respecto: @villanueva_psuv ; @PSUVBettycro y @Miriam_PSUV

Entre los asistentes:
COLIBRIS
Guardianes del alba
Fundacite Mérida
Python-Ve
Comite TIL
CENDITEL
Poder popular (diferentes grupos)
FREBIN
LibreOffice-Ve
ABECYT
COMITE TIL
ULANUX

Curso de la reunión y derechos de palabra:
Los diputados asistentes (Miriam Pérez, Alejandro Villanueva, Betty Crocker y Guido Ochoa, en ese orden) participaron haciendo una revisión del aporte de Chávez al proceso legislador y el objetivo de la reunión.
Se abrió el turno a la participación. Que discurrió en resumen más o menos como sigue:

1) Fulgencio Rueda (COLIBRIS)
Habló un poco de la historia legislativa en la materia y de la experiencia de la comunidad apoyando esta iniciativa. Habló de la falta de pertinencia de la Universidad venezolana y la necesidad de acoplarse a este cambio. Sugirió la necesidad de adjetivar toda referencia a “tecnologías de información” como “Tecnologías de información y comunicación libres”. Hizo referencia a la primera academia de software libre y a la necesidad de involucrar al Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Comité de Uso de TIL dentro de la Ley.
2) FREBIN (Santiago Roca – CENDITEL)
Pidió cambiar la referencia exclusiva al “uso” de la tecnología por el término “fomento”. Advirtió sobre la pertinencia de considerar que las actividades del Estado serán distintas a la mera recepción de solicitudes en línea. Pidió que se enfatizara sobre el hecho de que toda tecnología a implantar debe ser libre.
3) ABECyT
Pidió enfatizar en la necesidad de incorporar al MPPEU en el trabajo con la Ley y en su aplicación. Pidió revisar el trabajo que se hacía desde el ámbito científico porque aún está muy separado de lo que ocurre en el entorno social.
4) LibreOffice-Ve
Se centró en observaciones sobre los artículos 27 y 28 que hablan de documentos electrónicos. Indicó que había necesidad de establecer que los formatos a utilizar serían formatos abiertos y a respetar la norma que ya hay al respecto.
5) Dirección de Infraestructura de la Gobernación
Enfatizó en que hay una diferencia importante entre “Estado” y “república” y que es una contradicción hablar del primero referido a la construcción del socialismo. Que para ello es necesario de hablar de “república”. Pidió que se hablara de modo exclusivo de tecnologías de información y comunicación libres y no sólo de software libre. Hizo mucho énfasis en que hay mucho trabajo hecho en otras tecnologías distintas al sofware y que merecen ser protegidas y fomentadas por una ley como esta.
6) Comité TIL
La visibilidad que para los colectivos de SL tiene la necesidad de una Ley para regular estos temas data de hace varios años. A partir de allí me centré en el objetivo de la Ley (ver art.1) y que habían algunos procesos como lo todo aquello que impulsa el aprendizaje de la deliberación política que no están claros. La democracia no es la emisión de votos, sino la construcción colectiva de decisiones. Nuestros cuadros políticos carecen de formación técnica con solidez, y buena parte de nuestros cuadros técnicos carecen de sólidas bases políticas. Hay que hacer “cohabitar” a ambos equipos para garantizar que una ley como esta no tenga “puertas traseras” y que nuestros servicios, proyectos y desarrollos en TIL estén blindados políticamente. Hice referencia a la Ley del 2004 refiriéndome positivamente a su claridad en términos de objetivos, pero también a su tibieza en términos políticos de cara a incorporar al poder popular. Este proyecto de ley, comenté, es más sólida en términos políticos -algo más radical- pero entonces es tibia en términos técnicos (como por ejemplo su no referencia exclusiva a tecnologías de información y comunicación libres). Lo técnico es fácilmente solucionable, partiendo del compromiso de no negociar con herramientas privativas, lo técnico es fácil de resolver. Lo que resulta más complicado es resolver mecanismos para facilitar la deliberación política en un contexto de construcción del socialismo. Felicité la iniciativa del wiki, pero presenté como observación que el proceso de depuración de propuestas permanece “oculto” al poder popular (advertí que sin intención pero como un hecho), de modo que el poder popular finalmente no alcanzaba la plena participación política tal como establecía la ley, porque no había una clara participación en el proceso de deliberación. Advertí que el artículo 39 no permite ni contempla ni participación del poder popular ni de los colectivos de software libre. Que es necesario que esa estructura tecno-burocrática de paso a algo más flexible que permita incorporar efectivamente al pueblo en decisiones como las que se le atribuyen. Recordé que la comunidad pidió el año pasado que por cada bolívar/$ que se invirtiera en licencias se invirtiera el doble en desarrollo de til nacionales. Hay un artículo en la ley que habla de excepciones de uso de SL, pedí entonces que en ese artículo se estableciera que eso sería siempre de modo temporal y que, además, por cada bolívar/$ empleado en licencias habría una dedicación doble de recursos para desarrollo de un aplicativo sustituto.
7) Python-Ve
Enfatizó sobre la necesidad de incidir y profundizar en cómo se harán los procesos de formación y la necesidad de una problematización de las tecnologías de información.

Por lo prolongada de la actividad, tuve que retirarme sobre las 2pm quedando pendiente la participación de unas 6 personas más. Entre ellas el Prof. Jacinto Dávila (ULANUX) y la representante de Guardianes del Alba. Dejo abierta la posibilidad de que alguno de los asistentes me haga llegar un resumen de sus palabras para incluirlo. Igualmente cualquier corrección a lo que reseño de los otros participantes, por si hubiera que enriquecer algún punto.

Por ahora, este es el reporte que recogí.

El camino por venir

La deliberación y sus procesos no pueden permanecer ocultos del poder constituyente. No puede haber participación política certera y verdadera a menos que se activen procesos reales y positivos de construcción de decisiones políticas.

El debate parlamentario de calle es importante, es vital y se hace imperativo comprender que el entorno de la formación de la política se nutre – mucho – de la visión problematizada que sobre los hechos sociales, manifiestan las organizaciones sociales del poder popular.

 

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Rechazo a la injerencia de Microsoft en la política tecnológica venezolana

Copias de este Comunicado de Colectivos de Software Libre en Venezuela pueden verse desde este enlace y este. La fuente original es del Espacio de Lubrio.

RECHAZO A LA INJERENCIA DE LA EMPRESA MICROSOFT, A TRAVÉS DEL DIPUTADO LEOMAGNO FLORES DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA DISCUSIÓN DE LA LEY DE INFOGOBIERNO

Desde el año 2004, partidarios de la comunidad de software libre comienzan a discutir y formular un proyecto de Ley para introducirlo en la Asamblea Nacional. Este proyecto sufrió modificaciones y, en el año 2006, la Asamblea Nacional comenzó a discutirlo con el nombre de “Ley de Infogobierno”, que tiene como propósito reglamentar el uso de las Tecnologías de la Información para mejorar la forma de trabajo del Estado. Que los innumerables computadores y equipos informáticos de nuestros entes públicos sirvan para reducir la burocracia al mínimo necesario y lograr que las comunidades organizadas se adueñen del poder. Que las millones de personas que trabajan para el Estado puedan ser más eficientes resolviendo los problemas de nuestro pueblo.

En aquel momento, el debate se centró en la obligatoriedad del uso de Software Libre en la plataforma tecnológica del Estado, algo que ya había sido ordenado por el Presidente Chávez en 2004 a través del Decreto 3.390 para el Poder Ejecutivo Nacional, pero que ahora debía ampliarse a todos los poderes públicos.

Al utilizarse software libre, el Estado posee el código fuente (los “planos”) del software, que le permiten examinar cómo funciona dicho software, nos da la posibilidad de modificarlo y compartirlo con terceros, lo que es fundamental para entender cómo funciona el software que usamos, adaptarlo a las necesidades de nuestro país y poder usarlo en numerosos entes públicos o compartirlo con nuestra población, sin el pago de licencias adicionales.

El software privativo, por el contrario, le niega a sus compradores estas posibilidades. Quien adquiera software privativo (bien sea un producto para un sólo computador, como Microsoft Windows, o un gran sistema de gestión empresarial que se usa en cientos de computadores, como SAP) no puede ver el código fuente de las aplicaciones, porque la empresa ha decidido cerrar y privatizar el conocimiento dentro del mismo, y ha decidido prohibir cualquier técnica para que sus usuarios puedan conocer cómo funciona, puedan modificarlo o adaptarlo a sus necesidades. Esta es una forma de esclavizar a los pueblos del mundo, pues el comprador de software privativo, ante cualquier requerimiento o necesidad de adaptar el software, debe pagar montos adicionales a las empresas para que éstas sean las que ejecuten las adaptaciones. Además, el software privativo puede ocultar código que permita espiar o sabotear las computadoras donde está instalado, y debido a que no se puede examinar el código fuente, no es posible detectar estas amenazas.

Creemos que la decisión impulsada por el Presidente Chávez de usar software libre en el Estado es una medida absolutamente acertada, y nos permite asegurarnos de que las y los venezolanos somos capaces de manejar, reparar y mejorar la tecnología que adquirimos, dejando de ser meros compradores de tecnologías para participar en su desarrollo.

Sin embargo, las grandes transnacionales del software encabezadas por Microsoft, así como las cámaras de empresarios locales, movieron sus engranajes y sus aparatos de lobby en el año 2006, iniciando una oscura campaña mediática contra el software libre, acusándolo de ser una“marca” manejada por personas supuestamente interesadas en quedarse con “negocios” del Estado, e incluso seduciendo a algunos diputados de la revolución con su mensaje [4]. Finalmente, la fuerte protesta de la comunidad de software libre causó que la discusión de aquel proyecto de ley, que había eliminado al software libre de sus líneas, fuera suspendida.

Proyecto Canaima Educativo. Foto: AVN

Es entendible por qué Microsoft estaba tan molesta. Para ellos, el proyecto “Canaima Educativo” (las Canaimitas) no es un proyecto de inclusión social; es un negocio. No ven a 2,3 millones de niños y niñas -la gran mayoría de sectores populares- felices porque tienen un nuevo instrumento para su educación, cultura e inclusión.

No ven a miles de personas con discapacidad que se sienten útiles al poder tener acceso a la informática e Internet. Lo que ven es un potencial negocio para vender 2,3 millones de licencias de Windows, sin incluir las licencias del software educativo y los contratos de soporte y asesoría.

El software libre ha traído un gran ahorro para el país, al permitir que sistemas desarrollados para una institución pública puedan compartirse con muchas otras, como ocurre con los sistemas de facturación y almacén en los diferentes entes del Ministerio de Alimentación y de Comercio, y en empresas de producción social como Industrias Diana. Ha creado muchos puestos de trabajo y ha ahorrado al Estado una cantidad de dinero aún no cuantificada en materia de licencias, estimable en varios cientos de millones de bolívares al año.

Ley de Infogobierno, de nuevo a la palestra

Con el paso del tiempo otros funcionarios públicos, como la entonces ministra Socorro Hernández, intentaron reactivar la discusión sobre la Ley de Infogobierno sin mucho éxito. No fue sino hasta hace unos meses que dicha ley volvió a mencionarse en los medios de comunicación, de la mano del diputado del PSUV Geovanni Peña, interesado en reactivar su discusión.

Y nuevamente, las grandes empresas transnacionales del software (aquellas que convencen a los gobiernos de cambiar sus legislaciones para adaptarlas a sus intereses, usando tratados de libre comercio y acuerdos como el derrotado ALCA o el actual ACTA [5]) vuelven al ataque.

En esta ocasión, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, diputado Leomagno Flores -miembro del partido Acción Democrática por el estado Táchira- ha sido quien inició los ataques contra las tecnologías libres al asegurar, en el debate del parlamento el pasado 22 de enero, lo siguiente en torno al proyecto de ley de Infogobierno:

“De ese proyecto, lo que más nos preocupa es que cuando se habla de ‘abrir los caminos al software libre’. Uno cree que software libre pudiera ser mucho software que la gente pudiera, a su libre albeldrío, tomar uno, y no. Software Libre es simplemente la dictadura de un sistema informático, violando el principio básico de la neutralidad tecnológica, y eso es lo que nosotros debemos evitar que suceda con ese tipo de legislaciones”. [1]

Dichas declaraciones son absurdas. Todo producto de software privativo viene acompañado de una licencia de usuario, texto que el abogado Flores debe conocer bien dada su profesión, y que indican los derechos y responsabilidades que tiene el usuario del software. En el caso de las licencias de Microsoft Windows [7] se indica claramente que “el presente contrato le otorga solamente algunos derechos de uso de las características incluidas en la versión del software licenciado. Microsoft se reserva todos los demás derechos” y se pasa a explicar que está prohibido “utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software” (algo usual en estudiantes de computación e ingeniería), “hacer público el software para que otros lo copien”, “Hacer copias” (más allá de una copia de seguridad) o “alquilar, arrendar o prestar el software”. Derechos tan elementales como conocer el funcionamiento del software o compartirlo con terceros (que están totalmente garantizados con el software libre) son expresamente prohibidos por la licencia de Windows, pero según el diputado Flores el dictador no es Microsoft, sino su contraparte: el Software Libre.

Leomagno Flores y Microsoft

Una sencilla búsqueda en Google nos probó que estos ataques no son inocentes y que alguien había preparado con anterioridad a este abogado y ex gobernador tachirense. El pasado 30 de mayo de 2012, Flores asistió junto a los diputados Richard Blanco y Walter Márquez al foro de “Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe” en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos [2], foro que Microsoft realiza todos los años desde 1998 con el fin de “convencer” a políticos y diplomáticos latinoamericanos de la importancia de salvaguardar sus intereses.

Noticia de Primicias24 de mayo de 2012

El presidente de Microsoft para América Latina, Hernan Rincón, la ex Secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno estuvieron entre los participantes junto a invitados de Brasil, Argentina y otras nacionales suramericanas (resaltan funcionarios del empresario Mauricio Macri, actual jefe de gobierno de Buenos Aires), e incluso los Presidentes de Colombia y Chile, Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera, participaron a través de video-conferencias [3].

Hernán Rincón, presidente de Microsoft Latinoamérica, en videoconferencia con Juan Manuel Santos en el evento ”Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe” en el que también asistió Flores.

Sebastián Piñera participando en la videoconferencia del foro “Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe” en el que también participó Leomagno Flores (Foto: Presidencia de Chile)

Indica la noticia que Leomagno Flores participó en el foro tratando el tema del “proyecto de Ley del Infogobierno, que vienen adelantado desde el seno de la comisión que dirige” [2]. No es casual que el diputado Flores, miembro de un partido tradicionalmente asociado en Venezuela con la corrupción; partido que apoyó la intervención extranjera en el año 2002 que se materializó en el golpe de Estado de abril y el paro petrolero de diciembre; partido que se ha opuesto de forma vehemente a las políticas sociales del gobierno del Presidente Hugo Chávez -incluyendo el uso del software libre por razones de soberanía, independencia y desarrollo-, ahora acuda a los Estados Unidos a consultar con la transnacional Microsoft un proyecto de Ley que debe responder única y exclusivamente a las necesidades de nuestro pueblo y no a las de empresas transnacionales.

Nos unimos a los mensajes emitidos por el Presidente Chávez, quien batalla por su recuperación en La Habana, Cuba, y quien, a través de su vicepresidente Nicolás Maduro, instó este 26 de enero a “seguir enfrentando la mentira de la derecha internacional con la verdad permanente” y a “no bajar la guardia ante la conspiración permanente del imperialismo y ante el odio de los enemigos de la Patria, que andan buscando por dónde le hacen a la revolución”. Esta campaña contra las tecnologías libres en el Estado venezolano, iniciada por Microsoft a través del diputado Flores, es una arremetida contra el derecho de nuestro pueblo a determinar cuales son las tecnologías que más le convienen y más necesita.

El software libre es una reacción de los movimientos tecnológicos y sociales de todo el mundo ante la privatización del conocimiento y la cultura. Es una lucha que el imperialismo no se toma en juego: le costó la vida a Aaron Swartz, gran luchador por el software libre y la libertad de conocimiento, que estaba amenazado de enfrentar 50 años de cárcel por haber publicado 4 millones de artículos científicos de las universidades del mundo, conocimiento que las naciones del Norte se empeñan en privatizar mientras que los pueblos del sur luchamos por compartir. [6]

Microsoft entregó memos internos de PDVSA a la embajada estadounidense en Caracas solicitando su intervención contra la Ley de Infogobierno.

Cables del Departamento de Estadonorteamericano liberados por Wikileaks [5] muestran cómo las embajadas estadounidenses en diferentes países del mundo -incluido el nuestro- han trabajado con Microsoft de forma injerencista, para tratar de alterar las legislaciones en países como Brasil, Vietnam, Italia, Francia, México, Bulgaria, El Salvador, Japón, España, Honduras, China, Nigeria, Suecia y muchas otras naciones, en muchos casos con éxito.

Instamos a nuestros diputados y diputadas a continuar documentándose sobre la materia, comprender la urgencia de la discusión de esta ley y no permitir que lobbystas enviados por empresas nacionales y transnacionales les convenzan sin escuchar a su contraparte: la comunidad de tecnologías libres que lucha por la construcción de un nuevo socialismo.

Estamos completamente a sus órdenes para colaborar con la redacción de esta ley y defenderla, como complemento necesario de la Ley de Interoperabilidad -otro recurso legal que se apoyará en las tecnologías libres para acabar con el burocratismo- ante los ataques de quienes nunca han tenido ningún interés en el desarrollo de nuestro país, ni en acabar con la pobreza ni la desigualdad social a pesar de que ostentaron el poder por más de 40 años.

Atentamente,

COMITÉ DE VOCEROS Y VOCERAS DE LA COMUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LIBRES

COLECTIVO “CONOCIMIENTO LIBRE PARA EL SOCIALISMO” (COLIBRIS)

COLECTIVO TELETRIUNFADOR

COLECTIVO BLENDERCHEVERE

ASOCIACIÓN “SOFTWARE LIBRE DE VENEZUELA” (SOLVE)

COLECTIVO PINGÜINO-VE

COLECTIVO MUNDO ACCESIBLE

(Si deseas añadir tu colectivo, sólo escríbenos a Lbracci @ gmail . com)

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En caída libre y no neutral.

No hay debate posible sobre si la tecnología es o no es neutral, ni sobre si es o no es política.  Y no hay debate no por negar la posibilidad de expresarse y demás que a cada uno le asiste, sino porque salvo que creamos en que la tecnología es algo  sobrehumano no es posible que algo hecho por el ser humano no le asista intención cualquiera. Por cierto, es interesante este tema porque pensar que la tecnología es sobrehumana es asumir un esquema de pensamiento medieval que legitimaba la acción de los representantes de “Dios” en la tierra por estar tocados por Dios. Por extensión, todas las acciones de los que fuera afectos a estos representantes, estaban también legitimadas de igual forma.

Aquí no cabe, tampoco, debatir sobre el que la intencionalidad del ser humano sobre la tecnología se evidencia en el plano de su USO, porque aunque la comprensión utilitarista sobre la tecnología es una perspectiva muy socorrida para su explicación, lo cierto es que la utilidad de la tecnología es un elemento cuya definición se corresponde con el proceso de su creación y no de modo exclusivo con el proceso de su utilización posterior.

Por otro lado, todo lo hecho por el ser humano, en tanto que ser social, está correspondido con un referente político y social que le
son inherentes y directos. De forma que, en mi opinión, asumir que cualquier acción humana, especialmente técnica, está deslindada de una condición política es una postura arrogante y temeraria. Porque ver la tecnología sin intencionalidad humana alguna es pensar que es algo menos que “magia” y creer que el técnico/a que la domina es Dios. Y, por otro lado, pensar que la intencionalidad humana no opera con criterios políticos es, cuando menos, ser ingenuos. Hago un inciso para explicitar lo que a estas alturas debe ser evidente: cuando hablo de política, criterios políticos e intencionalidad social, no estoy refiriéndome EN NINGUN CASO a preferencias políticas. sin embargo, está absolutamente claro, que generalmente las preferencias políticas se enmarcan en ideologías políticas y que estas últimas observan el hecho político y el social desde perspectivas diferentes entre si.

En el fondo, el modo de pensar que opera con criterios de “neutralidad” e “inocencia” sobre elementos y constructos humanos no es culpa nuestra. Apenas es una evidencia somera del impacto tremendo que un modo de contemplar la educación y el aprendizaje bancarios nos ha hecho. La educación nos dice que el conocimiento esta compartimentado y separado. Nos empuja a adquirir destrezas y desarrollar experticias en áreas de éste. También opera así el conocimiento técnico, de forma que se tiene la  ilusión,cuanto más abstraído de la realidad esté,es mas puro y “mejor” será. En este pensamiento, si la realidad es un contexto político, mucho mejor si la técnica y su dominio están abstraidos de este.

Pero no nos engañemos. Tras el empeño del discurso dominante por abstraer la técnica y lo técnico de su referente social y  político directos, se esconde la necesidad de ese discurso por crear un sustrato que pueda soportar su perpetuación. Y ese sustrato no es otro que el de la ausencia de cuestionamiento por el papel que la tecnología tiene en la supervivencia de la especie humana.

La tecnología no es un hecho fragmentado. Por tanto no podemos decir que es neutral si es software pero no lo es si son transgénicos. La tecnología definitivamente NO es neutral. Pensar lo contrario es entrar en la puerta falsa de la tecnología como magia y el técnico como Dios.

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Sobre el debate del Plan Socialista y el Conocimiento Libre

La participación ciudadana

Un paradigma de la participación ciudadana durante muchos años, ha sido la construcción de presupuestos participativos. Este ejercicio ciudadano tenido como referencia importante de procesos participativos comunitarios, pero también de procesos de planificación colectiva ha tenido importantes experiencias visibles en Euskadi y Brasilia, por ejemplo. En ambos casos, el proceso de priorización previo de necesidades y de elección posterior de asignaciones presupuestarias marca un antes y un después en la construcción de la participación de los ciudadanos, tradicionalmente reducida a una condensación de participación electoral.

Frente a la posibilidad de decidir en qué invierte un municipio o una provincia, la participación electoral se hace no sólo insuficiente, sino casi, subsidiaria a la anterior, pues le confiere un tenor distinto y de mayor significado. El elector ya no es alguien que acude a las urnas en las fechas dispuestas en una suerte de circo electoral definido en el marco de un concurso de popularidad, sino que acude como un ciudadano informado, comprometido y que se sabe corresponsable crítico del quehacer y devenir de su comunidad.

Un ciudadano que construye las acciones y las tareas de su municipio y vigila activamente su ejecución, sabe que las elecciones son un acto de conciencia, un acto consciente y vital de radical compromiso con el futuro de su entorno inmediato.

Decidimos sólo sobre asignaciones presupuestarias. ¿En serio?

Sin embargo, a la luz de los planes nación, queda claro que construcciones como los presupuestos participativos resultan también insuficientes si no hay vasos comunicantes de estas decisiones con aquellas en las que se enmarcan y que no son otras sino los planes nacionales.

Un ciudadano que es libre de participar en construcciones comunitarias de su espacio inmediato pero que no encuentra cómo articular su acción con las decisiones de índole nacional, se verá en el corto plazo desesperanzado frente al alcance e impacto de su participación.

Después de todo y cada vez más en tiempos tan conexos y articulados como los que vivimos, la suerte de cualquier comunidad no puede comprenderse sin establecer relaciones, aunque sea sólo analíticas, con las de sus vecinos.

En otras palabras, el ciudadano activo, activado, tan sólo comprende su papel como tal, cuando llega a sentirse corresponsable no sólo de su entorno inmediato sino también del país en cuyo quehacer se articula su ser. Decidir sobre partidas presupuestarias carece de sentido si no puede decidirse sobre el plan de la Nación. Si no puede decidirse sobre la planificación nacional, el ciudadano sólo podrá participar de modo desarticulado con su entorno y sin una comprensión cabal de su significado en la suerte de los demás.

La Planificación Popular

Planificar con sentido de pueblo no es tan sólo incorporar a una masa, así aforme, aformada, incomprensible, irreconocible, a una agenda de reuniones. Planificar con sentido de pueblo es comprender el papel de las ciudadanas y los ciudadanos, y que éstos comprendan su rol en el destino de la nación.

Planificar con sentido de pueblo, es organizar acciones con la conciencia y el sentido de que no se es una masa aforme en proceso de germinación, sino un cuerpo articulado, formado, que se coordina en su accionar social.

Es allí donde, precisamente, el gran Debate del Plan Socialista de la Patria 2013-2019 incide de modo determinante en lo que vamos siendo como pueblo y supera, en mucho, el tradicional paradigma de la participación ciudadana a través de decisiones de estricta incidencia presupuestaria.

Es como juntar en una enorme cayapa o convite a todos los ciudadanos y ciudadanas corresponsables con su entorno en una comprensión básica de que lo que se haga o deje de hacer incidirá de modo directo y determinante en el efecto y alcance de todo lo demás.

La planificación popular y el ejercicio que en Venezuela estamos haciendo en estas últimas semanas es, de algún modo, la vuelta de tuerca que faltaba para ajustar, finalmente, las tuercas y los tornillos de esta construcción ciudadana y de país que vamos siendo.

La planificación y el conocimiento libre

Dar cuenta de lo que somos, de lo que vamos siendo como nación, sólo puede lograrse si el pilar es la transparencia en información de todo tipo. Suena un tanto extremo pero no es, en absoluto, extremista esta posición. La progresiva transparencia en las decisiones y acciones públicas es, casi, el único proceso que garantiza la generación y autogeneración de capacidades ciudadanas, y el que se erige como más directamente vinculado a la construcción libre de soluciones materiales e inmateriales a nuestros problemas como comunidad.

Pero la transparencia en las acciones públicas, además de decretarse en un marco jurídico, se construye pues requiere de una profunda transformación de prácticas institucionales y particulares que van inscritas en el código genético del quehacer ciudadano. En otras palabras, los ciudadanos venimos siendo formados para no participar, para no actuar, para no preguntar y para aceptar, entre otras cosas, el alimento que medio a medio, se nos viene dando por TV, prensa digital o escrita y plataformas de redes sociales.

La transparencia requiere, entonces, construirse. Y en el marco de este proceso de construcción de transparencia es importante que todos  y todas como parte del demos, comencemos a avanzar decididamente en ese camino.

Ciertamente, los colectivos de tecnologías libres no son una excepción a esta afirmación, muy por el contrario, son un pilar importante de la participación, de la construcción de transparencia y del debate nacional de hechos tan transversales a las acciones públicas y ciudadanas como las tecnologías de información y comunicación.

En ese marco, es importante advertir que sería equivocado advertir en estos procesos de participación alguna tilde política. La participación es, finalmente, lo que nos salva a los ciudadanos organizados de cualquier peligro institucional. Eso y la transparencia que la sustenta, por supuesto.

Los Colectivos de Tecnologías Libres y el debate del Plan Socialista de la Patria

En el marco del Debate Socialista de la Patria, los colectivos de software y hardware libre a nivel nacional se encuentran en un proceso de debate de la propuesta de Industria Nacional de Tecnologías Libres. Sin embargo, también vienen contribuyendo, desde sus espacios locales, en la construcción del Plan Socialista 2013-2019 con distintas propuestas sumando un porcentaje importante de las presentadas a nivel nacional en el área de Ciencia y Tecnología.

Algunas de las contribuciones que se han hecho directamente al Plan de la Patria son las siguientes:

1. Construcción de un marco jurídico acorde con la necesidad de preservar la libertad de conocimiento y de acceso a producciones intelectuales, modificando el actual marco jurídico anclado a una concepción de derecho de autor caduca y desfasada con las necesidades del pueblo.
2. Construcción de la Industria de Tecnologías Libres como espacio de convergencia entre las necesidades de TIC del Estado venezolano y las soluciones presentadas y articuladas desde el Poder Popular con criterios de producción de tecnologías libres y bajo principios de desarrollo endógeno y gobierno abierto.
3. Incorporación del término Tecnologías Libres en los numerales 1.5, 1.5.3 y 1.5.3.1 del Plan Socialista de la Patria.
4. Reconocimiento pleno de los Colectivos de Tecnologías Libres como Organizaciones de Base del Poder Popular y anclaje efectivo de los primeros como beneficiarios directos de las acciones del Consejo Federal de Gobierno.
5. Construcción de un plan transversal de gobierno electrónico para el estado Mérida, asumiendo este piloto como una vitrina a nivel nacional.
6. Aprovechamiento de las potencialidades de ciencia y tecnología a nivel nacional y local para incidir en la generación y fortalecimiento de nuevos procesos y metodologías de aprendizaje de tecnologías libres desde primeros años de educación básica.
7. Fortalecimiento del tejido productivo de tecnologías de información libre a nivel local y nacional.

El debate del Plan Socialista es una oportunidad inigualable para asumir nuestra corresponsabilidad ciudadana con el destino de todas y todos. Si estás en un colectivo de software libre, esta acción también te compete. No puedes dejar pasar la oportunidad de hacer nación proponiendo las ideas de tu colectivo e insertándolas en el debate.

Las coordenadas son simples: entra a Plan Socialista De La Patria y registra el acta de asamblea de tu colectivo.!

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Sobre la Industria Nacional de Tecnologías Libres

Copio aquí el enlace al programa Cópiate Esta Radio que se transmite por Alba Ciudad todos los viernes a las 2pm.

Se expone en grandes rasgos la propuestas de Tecnologías Libres para la Administración Pública a través de la Industria Nacional de Tecnologías Libres.

Más información sobre esta iniciativa desde este enlace Comité de Tecnologías Libres

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The disappearing virtual library

Varios estamos de luto aún por el cierre de Library.nu. Varios miles de personas éramos sus usuarios asiduos no para conseguir los últimos libros llegados a las estanterías de las tiendas, sino para localizar libros inaccesibles desde varias latitudes del planeta por deficiencias en los canales de distribución o porque, sencillamente, estaban agotados y no serían reeditados.

Varios, como yo, han levantado para la rancia academia estudios, investigaciones y publicaciones apoyados en textos actualizados (con respecto a su marco local de referencia inmediato) gracias a Library.nu. Seguramente varios otros han sido impulsores de la búsqueda y adquisición por parte de terceros de ciertos libros de consulta y lectura distribuidos en canales “regulares” y, sin embargo, la industria de las editoriales de libros, ha logrado encontrar una rendija legal lo suficientemente grande como para colar una demanda contra el grupo que mantenía Library.nu y cercenar nuestro derecho a leer, comprender y conectarnos con otras realidades en los distintos procesos que se complementan durante el aprendizaje.

La industria de la impresión de libros da al traste con nuestro derecho humano inalienable al aprendizaje, la lectura y el conocimiento, sin que ningún ente multilateral parezca querer hacer nada para evitarlo.

El paradigma de la educación debe cambiar, es cierto, pero ¿no debería, acaso, también cambiar nuestra comprensión de la sociedad y los mecanismos a través de los cuales, las distintas industrias que la gobiernan  nos dosifican el conocimiento y nos limitan en los procesos -naturales- de aprehensión de éste?. Esto último, definitivamente aplica para todas las industrias que gobiernan la sociedad, desde las del Estado hasta las de los particulares que inciden en las primeras.

Pensando en cómo será este mundo en los próximos meses, éste que hemos venido conociendo y hackeando varios desde hace algunos años, sigo habitando en el duelo, pero no el duelo por no tener disponible más la facilidad del servicio de Libreary.nu, sino el duelo porque queda cada vez más evidente que debemos redefinir nuestras estrategias de lucha contra las diversas fuerzas que nos constriñen de la emancipación del conocimiento, y cada vez se atisban más ataques y desmantelamientos sociales a éstas.

La lucha está en el hacking diario a rancias configuraciones de lo que la educación, el aprendizaje y la vida deben ser … el éxito y la luz de esta ducha estará, sin duda, en la emergencia de una nueva conciencia de comun-unidad que nos signifique como colectivo.

Para conocer más del alcance del cierre de Library.nu, les invito a leer: The disappearing virtual library – Opinion – Al Jazeera English.

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El FBI conduce una operación contra MEGAUPLOAD

Asistimos al inicio de un ataque masivo a cimientes del esquema de compartición de archivos … al menos tal como lo conocemos. Aunque escribiendo estas líneas me convenzo de que hay pocas probabilidades de que no emerja una nueva propuesta, en breve, significando un fortalecimiento mayor de los criterios y patrones de compartición de archivos, no cabe duda para mi que se trata del inicio de una muerte importante y un cambio rotundo en lo que conocemos de internet. Megaupload enfrentaba a la fecha varias demandas privadas, entre ellas de compañías de la industria del porno, y también de empresas propietarias de derechos de representación sobre algunos de los artistas que participaron en el siguiente video:

Este tema está en pleno desarrollo y prometo un post más detallado sobre él. Por ahora, les dejo desde este enlace la declaración oficial del FBI sobre la operación contra Megaupload. [en inglés] En breve, espero, vendrán las reacciones de  los compañeros de acera de Megaupload.

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Todos contra la Ley SOPA y la Ley PIPA

Buena información del Blackout desde Wikipedia en el día de hoy (ayer 18 de enero). (está en inglés)

SOPA and PIPA – Learn more

From Wikipedia, the free encyclopedia

< Wikipedia:SOPA initiative

Why is Wikipedia blacked-out?

Wikipedia is protesting against SOPA and PIPA by blacking out the English Wikipedia for 24 hours, beginning at midnight January 18, Eastern Time. Readers who come to English Wikipedia during the blackout will not be able to read the encyclopedia. Instead, you will see messages intended to raise awareness about SOPA and PIPA, encouraging you to share your views with your representatives, and with each other on social media.

What are SOPA and PIPA?

SOPA and PIPA represent two bills in the United States House of Representatives and the United States Senate respectively. SOPA is short for the “Stop Online Piracy Act,” and PIPA is an acronym for the “Protect IP Act.” (“IP” stands for “intellectual property.”) In short, these bills are efforts to stop copyright infringement committed by foreign web sites, but, in our opinion, they do so in a way that actually infringes free expression while harming the Internet. Detailed information about these bills can be found in the Stop Online Piracy Actand PROTECT IP Act articles on Wikipedia, which are available during the blackout. GovTrack lets you follow both bills through the legislative process: SOPA on this page, andPIPA on this one. The Electronic Frontier Foundation, a non-profit organization dedicated to advocating for the public interest in the digital realm, has summarized why these bills are simply unacceptable in a world that values an open, secure, and free Internet.

Why is the blackout happening?

Wikipedians have chosen to black out the English Wikipedia for the first time ever, because we are concerned that SOPA and PIPA will severely inhibit people’s access to online information. This is not a problem that will solely affect people in the United States: it will affect everyone around the world.

Why? SOPA and PIPA are badly drafted legislation that won’t be effective at their stated goal (to stop copyright infringement), and will cause serious damage to the free and open Internet. They put the burden on website owners to police user-contributed material and call for the unnecessary blocking of entire sites. Small sites won’t have sufficient resources to defend themselves. Big media companies may seek to cut off funding sources for their foreign competitors, even if copyright isn’t being infringed. Foreign sites will be blacklisted, which means they won’t show up in major search engines. And, SOPA and PIPA build a framework for future restrictions and suppression.

Does this mean that Wikipedia itself is violating copyright laws, or hosting pirated content?

No, not at all. Some supporters of SOPA and PIPA characterize everyone who opposes them as cavalier about copyright, but that is not accurate. Wikipedians are knowledgeable about copyright and vigilant in protecting against violations: Wikipedians spend thousands of hours every week reviewing and removing infringing content. We are careful about it because our mission is to share knowledge freely. To that end, all Wikipedians release their contributions under a free license, and all the material we offer is freely licensed. Free licenses are incompatible with copyright infringement, and so infringement is not tolerated.

Isn’t SOPA dead? Wasn’t the bill shelved, and didn’t the White House declare that it won’t sign anything that resembles the current bill?

No, neither SOPA nor PIPA is dead. On January 17th, SOPA’s sponsor said the bill will be discussed in early February. There are signs PIPA may be debated on the Senate floor next week. Moreover, SOPA and PIPA are just indicators of a much broader problem. In many jurisdictions around the world, we’re seeing the development of legislation that prioritizes overly-broad copyright enforcement laws, laws promoted by power players, over the preservation of individual civil liberties.

How could SOPA and PIPA hurt Wikipedia?

SOPA and PIPA are a threat to Wikipedia in many ways. For example, in its current form, SOPA would require Wikipedia to actively monitor every site we link to, to ensure it doesn’t host infringing content. Any link to an infringing site could put us in jeopardy of being forced offline.

I live in the United States. What’s the best way for me to help?

The most effective action you can take is to call your representatives and tell them you oppose SOPA and PIPA, and any similar legislation. Type your zipcode in the locator box to find your representatives’ contact information. Text-based communication is okay, but phone calls have the most impact.

I don’t live in the United States. How can I help?

Contact your local State Department, Ministry of Foreign Affairs, or similar branch of government. Tell them you oppose SOPA and PIPA, and any similar legislation. SOPA and PIPA will affect sites outside of the United States, and actions to sites inside the United States (like Wikipedia) will also affect non-American readers — like you. Calling your own government will also let them know you don’t want them to create their own bad anti-Internet legislation.

Is it still possible to access Wikipedia in any way?

Yes. During the blackout, Wikipedia is accessible on mobile devices and smart phones. You can also view Wikipedia normally by disabling JavaScript in your browser, as explained on this Technical FAQ page. Our purpose here isn’t to make it completely impossible for people to read Wikipedia, and it’s okay for you to circumvent the blackout. We just want to make sure you see our message.

I keep hearing that this is a fight between Hollywood and Silicon Valley. Is that true?

No. Some people are characterizing it that way, probably in an effort to imply all the participants are motivated by commercial self-interest. But it’s obviously not that simple. The proof of that is Wikipedia’s involvement. Wikipedia has no financial self-interest at play here: we do not benefit from copyright infringement, nor are we trying to monetize traffic or sell ads. We are protesting to raise awareness about SOPA and PIPA solely because we think they will hurt the Internet, and your ability to access information online. We are doing this for you, because we’re on your side.

In carrying out this protest, is Wikipedia abandoning neutrality?

We hope you continue to trust Wikipedia to be a neutral information source. We are staging this blackout because (as Wikimedia Foundation Board of Trustee Kat Walsh said recently), although Wikipedia’s articles are neutral, its existence is not. For over a decade, Wikipedians have spent millions of hours building the largest encyclopedia in human history. Wikipedia is a tremendously useful resource, and its existence depends upon a free, open and uncensored Internet. SOPA and PIPA (and other similar laws under discussion inside and outside the United States) will hurt you, because they will make it impossible for sites you enjoy, and benefit from, to continue to exist. That’s why we’re doing this.

I have a question that isn’t answered here, or, I would like to send feedback to Wikipedia.

You can reach Wikipedia editors at info-en(at)wikimedia(dot)org. If you need a response, please be patient: we may have trouble keeping up with the mail.

What can I read to get more information?

Try these links:

• Wikipedia’s articles on SOPA and PIPA
• Statement from Wikipedia editors announcing decision to black out
• Wikimedia Foundation press release
• Blog post from Wikimedia Foundation Executive Director Sue Gardner
• Electronic Frontier Foundation blog post on the problems with SOPA/PIPA

As of 6AM PT, January 18, Google has more than 4,600 articles about the blackout. Here are a few:

• Why is Wikipedia staging a blackout and what is SOPA?, from the National Post
• Wikipedia joins blackout protest at US anti-piracy moves, from the British Broadcasting Corporation
• Wikipedia blackout over US anti-piracy bills and FEATURE: Websites blackout over ‘SOPA censorship’, from Al Jazeera
• Wikipedia, Craigslist, other sites go black in SOPA protest, from the Los Angeles Times
• Google Rallies Opposition to Murdoch-Backed Anti-Piracy Bill, from BusinessWeek
• SOPA protest: The Net strikes back, from Politico
• Wikipedia blackout a ‘gimmick’, MPAA boss claims, from the Guardian
• Wikipedia 24-hour blackout: a reader and Why we’re taking Wikipedia down for a day, from the New Statesman
• Internet-wide protests against SOPA/PIPA are kicking up a storm, by the Hindustan Times
• SOPA, PIPA: What you need to know, from CBS News
• Protest on Web Uses Shutdown to Take On Two Piracy Bills, from the New York Times
• Protesting SOPA: how to make your voice heard, from Ars Technica
• Why We’ve Censored Wired.com, from Wired

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Carta Abierta a la Universidad de Los Andes a propósito del convenio con Microsoft

El siguiente texto puede ser consultado desde este enlace

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Según pudo conocerse a través de esta noticia, la Universidad de Los Andes, a través de su Vicerrectorado Académico, realizó la presentación de una alianza entre dicha universidad nacional y la empresa de software privativo Microsoft. Según reseña dicho artículo la presentación realizada en fecha reciente (el pasado 26 de abril) por parte de la empresa Microsoft a las autoridades de la Universidad de Los Andes, contempla la firma posterior de un acuerdo de cooperación entre ambas partes con un alcance mucho mayor que incluye la adquisición de licencias por uso de software comercializado por la citada empresa.

Frente a este hecho, los abajo firmantes presentamos ante la comunidad una carta protesta con la expectativa de servir de elemento y argumento para que las instituciones con competencia en el área tomen las medidas necesarias para impedir que dichos acuerdos se establezcan entre instituciones educativas del país y empresas comercializadoras de software privativo.

Antecedentes

Es importante comprender que la propuesta de firma de un convenio entre una Universidad Nacional y una corporación comercializadora de software privativo no es un hecho aislado en nuestro país. Todo ello a pesar de los argumentos legales que permiten calificarlo como ilegal, ilegítimo y contrario al respeto de principios y derechos básicos garantizados en nuestra Constitución, los cuales expondremos a continuación.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en función de que ellos son instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Esta preámbulo es menester tenerlo en cuenta en función de que el mismo nos permite avalar el discurso del por que no usar Software privativo en las instituciones públicas venezolanas.

La misma Constitución también expone el tema de la seguridad y soberanía, elementos que mediante el uso de tecnologías privativas (aquellas que impiden a los que las adquieren “aprehender” y poder generar nuevos productos a partir de la tecnología originaria, condenando a los que las adquieren a una relación perenne de ser usuario sujeto a los caprichos del fabricante) difícilmente pueden ser alcanzados ya que no se tendrá el conocimiento adecuado para desarrollar y modificar las tecnologías que se estén adquiriendo.

Aunado a la constitución tenemos, también, los siguientes elementos legales alineados al uso, promoción del software libre:

• Decreto 3.390
• Gaceta Oficial Nro 39.109
• Gaceta Oficial 39.633

De igual manera, el Estado venezolano ha realizado cuantiosas inversiones en el área de software libre tales como el Proyecto Canaima Educativo el cual persigue dotar a los estudiantes Educación Básica con computadores en los cuales se ha instalado previamente Canaima Educativo una versión modificada de Canaima GNU/Linux la misma que se instala en los computadores que distribuyen a los ciudadanos venezolanos otras empresas del Estado como CANTV, VIT. Aunado a esto, recientemente, el Estado venezolano dictó la gaceta oficial 39.633 la cual obliga a toda la Administración Pública Nacional a utilizar la distribución Canaima GNU/Linux

Huelga entonces decir que, el Estado venezolano es el principal inversor e impulsor en materia TIC, lo cual le genera una necesidad evidente al momento de la contratación de servicios basados en Software Libre (en base al marco legal antes expuesto), necesidad que debe ser cubierta por los profesionales que egresan de nuestras universidades.

Por parte de quienes eluden las responsabilidades de las universidades en la construcción de prácticas sociales cónsonas con proyectos nación como la soberanía tecnológica, surgen dos argumentos evasivos del necesario cumplimiento por parte de las universidades de las normas y decretos dictados por el Ejecutivo Nacional,

1. Las Universidades no forman parte de la Administración Pública Nacional. El primero de los argumentos evasivos aduce que las universidades tienen una suerte de para-legalidad que les exime del cumplimiento de normas nacionales que contextualizan y enmarcan la realización de acuerdos de tenor tecnológico, entre otros, a fin de garantizar la plena preservación y cultivo del bien común. De este modo, las universidades nacionales se autolegitiman para contratar y generar servicios cuya contribución al bien colectivo es, cuando menos, cuestionable. De alguna forma, pareciera ser que el sentido de la autonomía universitaria ampara esta suerte de para-legalidad porque, de algún modo, se tiene el convencimiento, desde los sectores más reaccionarios de estos actores del sistema educativo nacional, que como conquista universitaria, la condición de autónomas les imprime a las universidades un carácter, casi, apolítico a su estructura y funcionamiento.
2. Las Universidades tienen un margen de acción política que escapa de todo cuestionamiento. Las decisiones que toman las universidades parecieran, según su discurso, estar sustentadas en su misma institucionalidad. En otras palabras, las universidades toman decisiones acertadas porque son universidades y la sociedad debe estar alerta a escuchar los pasos que las universidades dicten. Este es un argumento heredado de criterios y postulados de la modernidad donde la ciencia y sus métodos eran ‘explicables’ por si mismos.

En ese sentido, es importante puntualizar que tal y como está establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) en su Artículo 45, los ministerios, incluido entre éstos al Ministerio del Poder Popupar para la Educación Universitaria, son parte del cuerpo de Entes Superiores de la Administración Pública Central. Adicionalmente, el Decreto con rango de Ley para el Funcionamiento y Organización de la Administración Pública adscribe el Consejo Nacional de Universidades al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y a las distintas universidades a ese Ministerio, de tal suerte que todas las disposiciones generales dictadas por el Ejecutivo Nacional, salvo aquellas propias que limiten las leyes y reglamentos, son de obligatoria aplicación por parte de las Universidades Nacionales. Esto incluye los decretos y normas anteriormente indicados.

Las Universidades como Espacio de Defensa del Libre Acceso al Conocimiento

Aunque para la Real Academia del Idioma Española, una Universidad no es más que una:

Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.

En la práctica, resulta ser mucho más que lo que supone el mero desempeño institucional dedicado a la entrega de grados académicos o títulos. Las universidades tienen un referente social ineludible pues los estudios de cuya organización, impartición y funcionamiento se encargan como parte de sus tareas propias, deben tener una relevancia y pertinencia en el entorno sociocomunitario en el que ocurren. Pero además, desde hace no pocos años a las universidades se les ha relegado la tarea de formar masas críticas con cuanto ocurre en su entorno. O al menos, ésa ha sido una tarea delegada por la sociedad, entre otras, a las instituciones de educación universitaria, aunque la evidencia muestra que no ha sido asumida en su total dimensión.

Lo cierto es que las tareas de formación de masa crítica y de educación con pertinencia sociocomunitaria no son alcanzables si que desde esas mismas instituciones se asuma la corresponsabilidad en la tarea de defender el acceso libre al conocimiento. Y esto, por supuesto, implica un movimiento profundo y de modo transversal en prácticas, políticas, funciones y acciones dentro de las universidades, y por extensión trae cambios profundos en los paradigmas tradicionales que signan la relación aprendiz-docente.

La aspiración -legítima- de las universidades a aceptar su llamado -casi genuino y natural- a la universalidad, integralidad, inclusión e integración no es posible asumirla y cumplirla de un modo distinto a la comprensión de que todas sus acciones, todo su desempeño institucional debe aspirar también al cumplimiento y respeto de principios básicos de preservación y fomento del conocimiento libre. Esto abarca todo el quehacer de estos centros, desde el administrativo (con transparencia en gestión, información pública y utilización de aplicaciones informáticas diseñadas bajo paradigmas libres, por ejemplo), hasta el docente (sinceración de pensa y currícula de carreras, adecuación de pautas y paradigmas docentes a un proceso educativo NO bancario, por ejemplo).

De otro modo,las universidades no podrían cumplir con su papel articulador de las transformaciones sociales necesarias, junto a otras instituciones, sino que quedaría relegada a un segundo plano como entidades de gestión y trámites de títulos universitarios con poca o nula competencia y pertinencia social.

Experiencias Exitosas de aportes de comunidades de software libre al quehacer universitario

Tal y como reseña el CNTI en esta nota de prensa la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) ya está en condiciones de migrar los escritorios de sus funcionarios a la distribución Canaima GNU/Linux tal y como lo exige el Decreto 39.633. De las 460 estaciones de trabajo con que cuenta dicha instancia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, un 20% ya se encuentra migrada al SO Debian, siendo una migración parcial realizada previa la publicación del decreto mencionado. La expectativa es que para finales del presente año culminen con la migración del 100% de las estaciones de trabajo.

En espacios universitarios todavía los éxitos de las migraciones han sido tímidos y poco consistentes, básicamente por debilidades en el apoyo y decisión interna para asumir los procesos de migración y por algunas carencias en capacidades propias de personal adiestrado para asumir el liderazgo y la gestión de tales procesos. Sin embargo, destacan experiencias exitosas como la decisión de La Universidad del Zulia (LUZ) de iniciar procesos de desarrollo y migración, previo vencimiento de las licencias adquiridas para uso de software propietario en el 2012. Esta información pudo conocerse a través de una nota oficial en la página institucional de LUZ, pero también a través del proyecto LOCTI entregado por esa casa de estudios para fortalecer sus programas de educación a distancia a través del uso de herramientas de software libre.

Un reciente comunicado del CNTI, que puede ser consultado desde este enlace, evidencia no solo el éxito de convocatorias a jornadas de sensibilización y divulgación de uso de software libre como el FLISOL en espacios universitarios, sino también el compromiso de ese centro, de la mano con las comunidades de software libre y grupos locales, para asesorar, apoyar e impulsar proyectos de migración de software libre en universidades.

Trabajos como los mencionados no serían posibles sin la participación desinteresada, voluntaria pero constante, de grupos locales y grupos de usuarios y desarrolladores que han venido interviniendo, desde hace más de una década, dentro de espacios universitarios en tareas de desarrollo, socialización, sensibilización y formación de capacidades propias para fortalecer el sector.

Declaración Final

Por todo lo anterior, los abajo firmantes nos oponemos a cualquier convenio que realice la Universidad de Los Andes con corporaciones internacionales o empresas nacionales o locales vendedoras de licencias de software, y declaramos públicamente que el acuerdo de colaboración celebrado entre el Vicerrectorado Académico y Microsoft atenta en contra el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al uso obligatorio de Canaima GNU/Linux y aplicaciones de software libre en la Administración Pública Nacional y, además, irrespeta el principio de libertad al acceso al conocimiento consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, como partícipes, representantes, activistas y colaboradores de Tecnologías Libres, nos ponemos a disposición del Vicerrectorado Académico para articular las acciones de desarrollo, alfabetización y sensibilización que sea necesario, a fin de acelerar el proceso de migración de la ULA a Software y Tecnologías Libres y de fortalecer el desarrollo propio de aplicaciones útiles y pertinentes para el desempeño de la ULA y sus actividades académicas y administrativas.

Colectivos Firmantes

• Grupo de Usuarios de Software Libre de la ULA (gUsLA), http://www.coactivate.org/projects/gusla/project-home/
• Proyecto GNU de Venezuela http://gnu.org.ve
• Congreso Nacional de Software Libre http://cnsl.org.ve
• RadioÑú http://radiognu.org
• UDOLUG http://udolug.org
• Entre Hackers http://entrehackers.com
• CLUG http://clug.org.ve
• Mundo Accesible http://mundoaccesible.org.ve
• Activistas por el Software Libre (Mujeres y Software Libre) http://activistasxsl.org.ve
• Colectivo NodoLibre http://www.nodolibre.org/

Ciudadan(a/o)s firmantes:

1. Joan Espinoza – (Cédula en depósito) – Comunidad/Proyecto Nacional de Hardware Libre PingüinoVE
2. Juan Pablo Toledo -(Cédula en depósito) – Usuario de tecnologías libres
3. José Luis Regalado – (Cédula en depósito) – FLOSS developer.
4. María Angela Petrizzo Páez -(Cédula en depósito) – Usuario de software libre – Activista de Conocimiento Libre
5. Juan José Márquez (Cédula en depósito) – Usuario de Software Libre – Miembro del Colectivo Canaima Universitario
6. Hector Colina – Activista comunidad Canaima
7. José Leonel Subero Gamarra – UNPLUG, CLUG, Entre Hackers, Plone Venezuela, UDOLUG, Activista comunidad Canaima
8. David Hernández – gUsLA – Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
9. Eduard Lucena – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
10. Wuilmer Bolivar – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
11. Yury Jajitzky – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
12. Juan Vargas – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad BolivarLUG
13. Karla Cocho – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad BolivarLUG
14. Gloria Alvarez – (Cédula en depósito) – Usuario y activista, miembro de GUSL (Grupo de usuarios de SL, VeLUG capítulo Lara)
15. Nathalie Colina – (Cédula en depósito) – Usuario de Software Libre y activista, miembro de GULIP; ActivistasXSL y Proyecto GNU de Venezuela
16. Feijóo Jiménez – (Cédula en depósito) SOLVE (Software Libre Venezuela) – COLIBRIS (Conocimiento Libre y Socialismo)
17. Franklin García Mendoza – (Cédula en depósito) Coordinador de GULTAJS, Activista Comunidad Canaima

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