¿Qué es lo que Venezuela acordó con Uruguay en Software Libre?

Por un convenio de Software Libre con Uruguay que realmente sea distinto

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Para la comunidad de software libre venezolana, el convenio que el gobierno venezolano firmó en 2007 con la nación uruguaya en materia de tecnologías fue vergonzoso. Tres años antes, años el Presidente Hugo Chávez había firmado el Decreto Presidencial 3.390 para la migración a software libre de toda la plataforma del Estado venezolano, pero el convenio que se firmó con Uruguay lo violaba flagrantemente, pautando la adquisición de licencias de un software propietario llamado “Genexus”, desarrollado por la empresa uruguaya Artech en un convenio por varios millones de dólares. Este software generaba, a partir de diagramas y modelados, el código fuente de las aplicaciones que debía usar nuestro Estado, pero al ser una aplicación propietaria violaba el decreto firmado por el Comandante en Jefe.

El dibujar diagramas en una caja negra y que ésta te genere el código fuente de tus programas definitivamente no es soberanía tecnológica. Peor aún: se desconocía el hecho de que en Venezuela existen suficientes técnicos e ingenieros calificados para el desarrollo de aplicaciones y que nuestro país tiene mucha más experiencia en materia de desarrollo de software libre. Para nada se requería pagar a Uruguay millones de dólares para la compra de un programa que generara código fuente.

Muchos camaradas escribieron decenas de artículos en Aporrea tratando de llamar la atención sobre la situación. Finalmente, el gobierno venezolano decidió reestructurar el acuerdo, pautándose con Uruguay la creación del proyecto Altagracia, una versión de Genexus en software libre. Sin embargo, después de varios años Altagracia se estancó y dejamos de recibir noticias sobre el mismo.

El pasado 7 de mayo, muchos nos preocupamos con un comentario del Presidente Nicolás Maduro, quien indicó que se firmaría un nuevo convenio en materia de software libre con Uruguay. Maduro no dio mayores detalles al respecto, lo cual repercutió en que muchos miembros de la comunidad venezolana de software libre prendieran las alertas.

Afortunadamente, varios camaradas del Ministerio de Ciencia y Tecnología contactaron a las vocerías de varios colectivos de la Comunidad de Software Libre a través del Comité de Tecnologías de Información Libres, organizando una reunión la semana pasada para darles detalles al respecto, siempre indicándonos que la información era verídica pero extraoficial pues ellos no han sido autorizados por el Ministerio como voceros para este tema. Sin embargo, les interesa muchoque vayan conociéndose esta información entre las comunidades para evitar descontentos innecesarios.

Se nos explicó que el convenio con Uruguay es complejo e involucra muchos ministerios, no sólo Ciencia y Tecnología. Se nos insistió en que, en esta ocasión, es Uruguay la que está interesada en los desarrollos que Venezuela posee en software libre, y no al revés. Sin embargo, Venezuela reconoce la experiencia de Uruguay en procesos y metodologías, en áreas como gobierno electrónico e interoperabilidad, y está interesada en conocer su arquitectura y forma de solucionar los problemas, más no las herramientas en especial porque Uruguay utiliza herramientas privativas que no nos interesan.

También se nos informó que hace un año el CNTI ordenó el cierre administrativo de Altagracia. El proyecto se detuvo debido al poco interés de Venezuela en esa tecnología, y además había un problema filosófico de base: nadie estaba obligado a liberar el código fuente que se había trabajado. Para cerrar administrativamente el proyecto tiene que rendirse todo lo que se entregó como anticipo (533 mil dólares), dado que los objetivos del proyecto no se cubrieron. “El proyecto, sin embargo, básicamente se terminó, aunque las pruebas no nos permiten tener un sistema funcional, con lo cual ese sistema no nos sirve para lo que queremos hacer en el país”, se nos dijo. En estos momentos se negocia y discute con Uruguay cómo hacer la devolución, posiblemente a través de servicios o metodologías por parte de Uruguay hacia Venezuela, pero NO con herramientas de software.

Otro tema incluido en el convenio es la certificación de empresas para que puedan ofrecer servicios comerciales con países aliados. Hay interés en conocer esa experiencia para ver cómo podría hacerse, a través de estándares como BPM y BPMn, conociendo enfoques metodológicos, organizativos, asesorías y financiamiento para adecuación de las empresas.

Autores: Comité de Voceras y Voceros de Tecnologías de Información Libres.

Mariángela Petrizzo
Nerissa Aguilera
Stephenson Prieto
Elías Cisneros
Octavio Rossell
Luis Ernesto Rivero
Ernesto Cabrera
Luigino Bracci
José Leonel Subero
Peter Blanco
Joan Espinoza

Haciendo del ágora una forma de quehacer político

De cómo miramos nuestras formas democráticas

A veces, como cuerpo de ciudadanos, cometemos errores similares a los que observamos en hombres y mujeres que pretenden ver en el espejo su figura reflejada como las imágenes fabricadas de modelos y artistas de la industria de los medios. Es decir, tenemos grasa, arrugas, canas, una figura normal, pero insistimos en vernos muy delgados, con músculos firmes y sin ninguna imperfección.

Nuestras instituciones están en un accionar conflictivo con la realidad social, porque esta última es cambiante y también incierta, algo con lo que las instituciones políticas no siempre pueden lidiar; sin embargo, insistimos en pensar que esas instituciones pueden dar respuestas a esas incertidumbres planteadas sin apenas inmutarse.

También con nuestras formas democráticas ocurre algo similar. Como dijimos antes, la incertidumbre es algo inherente a la sociedad. Pese a ello, permanentemente las instituciones buscan que sus mecanismos de planificación eleven su sofisticación intrínseca en aras de permitir un control mayor de aplicación de recursos, y los ciudadanos reclamamos que eso no ocurra.

La democracia se manifiesta en el voto, del mismo modo en el que sabemos que hay viento porque vemos el mover de las hojas en los árboles. Sin embargo, ni el viento es sólo el movimiento de las hojas, ni la democracia es exclusivamente el voto o termina allí.

No nos lo dijeron en nuestra formación como ciudadanos, ni de niños, ni de jóvenes, ni de universitarios. Sin embargo,  lo cierto es que la verdadera democracia no puede ser ni protagónica ni participativa a menos que incluya una genuina comprensión por parte de los ciudadanos de la importancia que tiene en su construcción la apropiación ciudadana del proceso de deliberación política.

La deliberación política, entonces, es la base genuina de la democracia protagónica y, en buena medida, es algo que puede salvarnos de ese temor casi irracional a la incertidumbre de lo social. Por ello, el proceso de construcción de las políticas públicas (desde Leyes hasta directrices políticas de acciones de gobierno), no puede ser comprendido sin que ocurra una constructiva interacción entre el poder constituyente (pueblo) y el poder constituido. Y en nuestro caso, la CRBV es prolija en modos y escenarios en los cuales esa relación, en el contexto de construcción de decisiones políticas debiera ocurrir.

La Ley de Infogobierno, entre incertidumbres y desencuentros.

Seguramente varias de las personas que leen este espacio conocen lo que llamaremos la “historia patria” de lo que se conoce como la Ley de Infogobierno. Para quienes no lo tengan muy claro, presentaremos aquí un breve y, apresurado resumen de sus antecedentes como líneas gruesas.

  1. Año 2004. Comienza la movilización digital y de cuadros técnicos dentro del proceso revolucionario, en aras de la construcción de una Ley que permita regular el uso de Tecnologías de Información y Comunicación Libre por parte del Estado Venezolano. Es la primera introducción “oficial” en un planteamiento de documento legal de la necesidad de utilizar software libre en el Estado Venezolano. Se acompaña de un estudio económico muy detallado de las implicaciones de esta decisión.
  2. A partir de ese momento, ocurren una serie de movimientos casi simultáneos y confluyentes en su destino, aunque divergentes en cuanto a su forma.
    1. La Asamblea Nacional (AN) es escenario de una actividad que muy pocas veces en nuestra historia democrática ha ocurrido: organizaciones y agrupaciones de personas motivadas por una causa participan de forma activa con los legisladores en la construcción de una Ley.
    2. En diciembre del 2004 se promulga el Decreto 3.390 relativo a la obligatoriedad de uso de software libre en la Administración Pública Nacional.
    3. Se presenta otro proyecto de Ley, esta vez llamado “infogobierno”, a debate parlamentario. Este nombre induce a pensar en una ley de comunicación y no en una Ley para normar el uso de TIL en el Estado, en buena medida, este nombre es algo desafortunado.
    4. PDVSA articula un proyecto de ley de Uso de TIC en el Estado Venezolano
    5. La AN inicia la discusión de la Ley de Infogobierno y en el 2008 alcanza la sanción algunos de sus artículos.
    6. La Ley es engavetada y no se levanta su sanción para una nueva discusión hasta enero del 2013.

En todo este tiempo, por parte de los colectivos de software libre ha existido la inquietud de que la insuficiencia del Decreto 3.390 para dar cuenta de los procesos complejos de migración y sustitución de aplicativos en la APN es, en buena medida, la causa principal de su poca efectividad en términos de aplicación. Esta insuficiencia legal en el citado Decreto, se evidencia, entre otras cosas, en la superficialidad de su normativa referida a sanciones por inclumplimiento de su articulado.

Este camino accidentado dentro del proceso de formación de una norma como la Ley de Infogobierno, tiene su mejor explicación en la imposibilidad de articular un proceso claro, abierto y dinámico de deliberación política entre el pueblo, poder popular o poder constituyente (a través, por ejemplo de colectivos de software libre) y el cuerpo legislativo (poder constituido con la labor de incidir en la formación de leyes). Hay un elemento importante en este contexto y es que, en buena medida, la tecnología, y las tecnologías libres, no eran un fenómeno problematizado por los ciudadanos que vivimos los comienzos de este proceso. Aunque, de algún modo, ambos actores han divisado un objetivo común, cada quien tiene su propio espejo para verse, y ciertamente la imagen percibida no es la misma.

Hoy día, con dos satélites ayudando labores tan estratégicas como el seguimiento a través de imágenes de aspectos claves para planificación y control, y las telecomunicaciones; con actividad cada vez más intensiva en la divulgación de uso de TIL por niños a través de la entrega de Canaimitas con contenidos adecuados al nivel de estudio; con incremento evidente de la socialización de la tecnología y la ciencia, sin lugar a dudas, la tecnología libre está problematizada de una forma mucho más determinante que unos 10 años atrás.

De bate en bate o cómo se bate el debate de la Ley de Infogobierno.

Ya sabemos que la tecnología está problematizándose en el pueblo venezolano. La tarea no ha sido fácil y apenas comienza, en realidad. Nos toca como activistas romper el falso concepto de que la tecnología es aquello que usamos y ya, para construir la comprensión de que es algo que debemos conocer para no sucumbir a su dominio.

La Ley de Infogobierno ha resucitado y viene con paso firme luego que el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología haya intervenido en su remozamiento. En este sentido, y de cara al proceso de deliberación política, el hito más reciente en su construcción es el debate público que recién comienza.

Parte de este camino se inició en Caracas en el mes de febrero pasado, y tuvo su segundo episodio esta mañana en Mérida con el Foro propuesto por la Comisión de CyT de la AN para debatir la Ley de Infogobierno. En este tipo de reuniones suelo tomar nota detallada en mi ordenador, cosa que no ocurrió hoy. Quedan aquí reflejadas las notas que conseguí y lo que mi memoria pudo anotar de lo ocurrido y reflejado.

Hay detalles que no ameritan se expuestos en este espacio, sin embargo, hay detalles interesantes que presento aquí:

  1. La ley será discutida nuevamente el 5 de junio. Afirmó el Diputado Guido Ochoa que se espera que ese día esté aprobada. Personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de plazos dado el nivel de poco cocido del texto, pero está bien por el lado de meterle fuego al asunto.
  2. CENDITEL montó un wiki para que la gente vaya colaborando allí (http://redpatria.org.ve/infogobierno). No se informó cómo se sistematizará y priorizará todas las opciones y propuestas que allí se presenten, tampoco se dijo si permitirían la participación de colectivos de software libre en ese proceso. Esperamos que sí ocurra de modo tal que funcione el fortalecimiento de la participación popular.
  3. Habrá una videoconferencia abierta que, en principio se prevé sea realizada desde Carabobo y hacia 5 estados. La fecha no está clara aún y será anunciada por la web de la AN.
  4. El diputado Alejandro Villanueva nos pidió usar el #leydeinfogobierno en twitter para identificar comentarios y sugerencias al respecto de la Ley. Ofrecieron sus espacios en twitter también para recoger iniciativas al respecto: @villanueva_psuv ; @PSUVBettycro y @Miriam_PSUV

Entre los asistentes:
COLIBRIS
Guardianes del alba
Fundacite Mérida
Python-Ve
Comite TIL
CENDITEL
Poder popular (diferentes grupos)
FREBIN
LibreOffice-Ve
ABECYT
COMITE TIL
ULANUX

Curso de la reunión y derechos de palabra:
Los diputados asistentes (Miriam Pérez, Alejandro Villanueva, Betty Crocker y Guido Ochoa, en ese orden) participaron haciendo una revisión del aporte de Chávez al proceso legislador y el objetivo de la reunión.
Se abrió el turno a la participación. Que discurrió en resumen más o menos como sigue:

1) Fulgencio Rueda (COLIBRIS)
Habló un poco de la historia legislativa en la materia y de la experiencia de la comunidad apoyando esta iniciativa. Habló de la falta de pertinencia de la Universidad venezolana y la necesidad de acoplarse a este cambio. Sugirió la necesidad de adjetivar toda referencia a “tecnologías de información” como “Tecnologías de información y comunicación libres”. Hizo referencia a la primera academia de software libre y a la necesidad de involucrar al Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Comité de Uso de TIL dentro de la Ley.
2) FREBIN (Santiago Roca – CENDITEL)
Pidió cambiar la referencia exclusiva al “uso” de la tecnología por el término “fomento”. Advirtió sobre la pertinencia de considerar que las actividades del Estado serán distintas a la mera recepción de solicitudes en línea. Pidió que se enfatizara sobre el hecho de que toda tecnología a implantar debe ser libre.
3) ABECyT
Pidió enfatizar en la necesidad de incorporar al MPPEU en el trabajo con la Ley y en su aplicación. Pidió revisar el trabajo que se hacía desde el ámbito científico porque aún está muy separado de lo que ocurre en el entorno social.
4) LibreOffice-Ve
Se centró en observaciones sobre los artículos 27 y 28 que hablan de documentos electrónicos. Indicó que había necesidad de establecer que los formatos a utilizar serían formatos abiertos y a respetar la norma que ya hay al respecto.
5) Dirección de Infraestructura de la Gobernación
Enfatizó en que hay una diferencia importante entre “Estado” y “república” y que es una contradicción hablar del primero referido a la construcción del socialismo. Que para ello es necesario de hablar de “república”. Pidió que se hablara de modo exclusivo de tecnologías de información y comunicación libres y no sólo de software libre. Hizo mucho énfasis en que hay mucho trabajo hecho en otras tecnologías distintas al sofware y que merecen ser protegidas y fomentadas por una ley como esta.
6) Comité TIL
La visibilidad que para los colectivos de SL tiene la necesidad de una Ley para regular estos temas data de hace varios años. A partir de allí me centré en el objetivo de la Ley (ver art.1) y que habían algunos procesos como lo todo aquello que impulsa el aprendizaje de la deliberación política que no están claros. La democracia no es la emisión de votos, sino la construcción colectiva de decisiones. Nuestros cuadros políticos carecen de formación técnica con solidez, y buena parte de nuestros cuadros técnicos carecen de sólidas bases políticas. Hay que hacer “cohabitar” a ambos equipos para garantizar que una ley como esta no tenga “puertas traseras” y que nuestros servicios, proyectos y desarrollos en TIL estén blindados políticamente. Hice referencia a la Ley del 2004 refiriéndome positivamente a su claridad en términos de objetivos, pero también a su tibieza en términos políticos de cara a incorporar al poder popular. Este proyecto de ley, comenté, es más sólida en términos políticos -algo más radical- pero entonces es tibia en términos técnicos (como por ejemplo su no referencia exclusiva a tecnologías de información y comunicación libres). Lo técnico es fácilmente solucionable, partiendo del compromiso de no negociar con herramientas privativas, lo técnico es fácil de resolver. Lo que resulta más complicado es resolver mecanismos para facilitar la deliberación política en un contexto de construcción del socialismo. Felicité la iniciativa del wiki, pero presenté como observación que el proceso de depuración de propuestas permanece “oculto” al poder popular (advertí que sin intención pero como un hecho), de modo que el poder popular finalmente no alcanzaba la plena participación política tal como establecía la ley, porque no había una clara participación en el proceso de deliberación. Advertí que el artículo 39 no permite ni contempla ni participación del poder popular ni de los colectivos de software libre. Que es necesario que esa estructura tecno-burocrática de paso a algo más flexible que permita incorporar efectivamente al pueblo en decisiones como las que se le atribuyen. Recordé que la comunidad pidió el año pasado que por cada bolívar/$ que se invirtiera en licencias se invirtiera el doble en desarrollo de til nacionales. Hay un artículo en la ley que habla de excepciones de uso de SL, pedí entonces que en ese artículo se estableciera que eso sería siempre de modo temporal y que, además, por cada bolívar/$ empleado en licencias habría una dedicación doble de recursos para desarrollo de un aplicativo sustituto.
7) Python-Ve
Enfatizó sobre la necesidad de incidir y profundizar en cómo se harán los procesos de formación y la necesidad de una problematización de las tecnologías de información.

Por lo prolongada de la actividad, tuve que retirarme sobre las 2pm quedando pendiente la participación de unas 6 personas más. Entre ellas el Prof. Jacinto Dávila (ULANUX) y la representante de Guardianes del Alba. Dejo abierta la posibilidad de que alguno de los asistentes me haga llegar un resumen de sus palabras para incluirlo. Igualmente cualquier corrección a lo que reseño de los otros participantes, por si hubiera que enriquecer algún punto.

Por ahora, este es el reporte que recogí.

El camino por venir

La deliberación y sus procesos no pueden permanecer ocultos del poder constituyente. No puede haber participación política certera y verdadera a menos que se activen procesos reales y positivos de construcción de decisiones políticas.

El debate parlamentario de calle es importante, es vital y se hace imperativo comprender que el entorno de la formación de la política se nutre – mucho – de la visión problematizada que sobre los hechos sociales, manifiestan las organizaciones sociales del poder popular.