Rechazo a la injerencia de Microsoft en la política tecnológica venezolana

Copias de este Comunicado de Colectivos de Software Libre en Venezuela pueden verse desde este enlace y este. La fuente original es del Espacio de Lubrio.

RECHAZO A LA INJERENCIA DE LA EMPRESA MICROSOFT, A TRAVÉS DEL DIPUTADO LEOMAGNO FLORES DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA DISCUSIÓN DE LA LEY DE INFOGOBIERNO

Desde el año 2004, partidarios de la comunidad de software libre comienzan a discutir y formular un proyecto de Ley para introducirlo en la Asamblea Nacional. Este proyecto sufrió modificaciones y, en el año 2006, la Asamblea Nacional comenzó a discutirlo con el nombre de “Ley de Infogobierno”, que tiene como propósito reglamentar el uso de las Tecnologías de la Información para mejorar la forma de trabajo del Estado. Que los innumerables computadores y equipos informáticos de nuestros entes públicos sirvan para reducir la burocracia al mínimo necesario y lograr que las comunidades organizadas se adueñen del poder. Que las millones de personas que trabajan para el Estado puedan ser más eficientes resolviendo los problemas de nuestro pueblo.
En aquel momento, el debate se centró en la obligatoriedad del uso de Software Libre en la plataforma tecnológica del Estado, algo que ya había sido ordenado por el Presidente Chávez en 2004 a través del Decreto 3.390 para el Poder Ejecutivo Nacional, pero que ahora debía ampliarse a todos los poderes públicos.

Al utilizarse software libre, el Estado posee el código fuente (los “planos”) del software, que le permiten examinar cómo funciona dicho software, nos da la posibilidad de modificarlo y compartirlo con terceros, lo que es fundamental para entender cómo funciona el software que usamos, adaptarlo a las necesidades de nuestro país y poder usarlo en numerosos entes públicos o compartirlo con nuestra población, sin el pago de licencias adicionales.

El software privativo, por el contrario, le niega a sus compradores estas posibilidades. Quien adquiera software privativo (bien sea un producto para un sólo computador, como Microsoft Windows, o un gran sistema de gestión empresarial que se usa en cientos de computadores, como SAP) no puede ver el código fuente de las aplicaciones, porque la empresa ha decidido cerrar y privatizar el conocimiento dentro del mismo, y ha decidido prohibir cualquier técnica para que sus usuarios puedan conocer cómo funciona, puedan modificarlo o adaptarlo a sus necesidades. Esta es una forma de esclavizar a los pueblos del mundo, pues el comprador de software privativo, ante cualquier requerimiento o necesidad de adaptar el software, debe pagar montos adicionales a las empresas para que éstas sean las que ejecuten las adaptaciones. Además, el software privativo puede ocultar código que permita espiar o sabotear las computadoras donde está instalado, y debido a que no se puede examinar el código fuente, no es posible detectar estas amenazas.
Creemos que la decisión impulsada por el Presidente Chávez de usar software libre en el Estado es una medida absolutamente acertada, y nos permite asegurarnos de que las y los venezolanos somos capaces de manejar, reparar y mejorar la tecnología que adquirimos, dejando de ser meros compradores de tecnologías para participar en su desarrollo.

Sin embargo, las grandes transnacionales del software encabezadas por Microsoft, así como las cámaras de empresarios locales, movieron sus engranajes y sus aparatos de lobby en el año 2006, iniciando una oscura campaña mediática contra el software libre, acusándolo de ser una“marca” manejada por personas supuestamente interesadas en quedarse con “negocios” del Estado, e incluso seduciendo a algunos diputados de la revolución con su mensaje [4]. Finalmente, la fuerte protesta de la comunidad de software libre causó que la discusión de aquel proyecto de ley, que había eliminado al software libre de sus líneas, fuera suspendida.

Proyecto Canaima Educativo. Foto: AVN

Es entendible por qué Microsoft estaba tan molesta. Para ellos, el proyecto “Canaima Educativo” (las Canaimitas) no es un proyecto de inclusión social; es un negocio. No ven a 2,3 millones de niños y niñas -la gran mayoría de sectores populares- felices porque tienen un nuevo instrumento para su educación, cultura e inclusión.

No ven a miles de personas con discapacidad que se sienten útiles al poder tener acceso a la informática e Internet. Lo que ven es un potencial negocio para vender 2,3 millones de licencias de Windows, sin incluir las licencias del software educativo y los contratos de soporte y asesoría.

El software libre ha traído un gran ahorro para el país, al permitir que sistemas desarrollados para una institución pública puedan compartirse con muchas otras, como ocurre con los sistemas de facturación y almacén en los diferentes entes del Ministerio de Alimentación y de Comercio, y en empresas de producción social como Industrias Diana. Ha creado muchos puestos de trabajo y ha ahorrado al Estado una cantidad de dinero aún no cuantificada en materia de licencias, estimable en varios cientos de millones de bolívares al año.
Ley de Infogobierno, de nuevo a la palestra

Con el paso del tiempo otros funcionarios públicos, como la entonces ministra Socorro Hernández, intentaron reactivar la discusión sobre la Ley de Infogobierno sin mucho éxito. No fue sino hasta hace unos meses que dicha ley volvió a mencionarse en los medios de comunicación, de la mano del diputado del PSUV Geovanni Peña, interesado en reactivar su discusión.

Y nuevamente, las grandes empresas transnacionales del software (aquellas que convencen a los gobiernos de cambiar sus legislaciones para adaptarlas a sus intereses, usando tratados de libre comercio y acuerdos como el derrotado ALCA o el actual ACTA [5]) vuelven al ataque.

En esta ocasión, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, diputado Leomagno Flores -miembro del partido Acción Democrática por el estado Táchira- ha sido quien inició los ataques contra las tecnologías libres al asegurar, en el debate del parlamento el pasado 22 de enero, lo siguiente en torno al proyecto de ley de Infogobierno:
“De ese proyecto, lo que más nos preocupa es que cuando se habla de ‘abrir los caminos al software libre’. Uno cree que software libre pudiera ser mucho software que la gente pudiera, a su libre albeldrío, tomar uno, y no. Software Libre es simplemente la dictadura de un sistema informático, violando el principio básico de la neutralidad tecnológica, y eso es lo que nosotros debemos evitar que suceda con ese tipo de legislaciones”. [1]
Dichas declaraciones son absurdas. Todo producto de software privativo viene acompañado de una licencia de usuario, texto que el abogado Flores debe conocer bien dada su profesión, y que indican los derechos y responsabilidades que tiene el usuario del software. En el caso de las licencias de Microsoft Windows [7] se indica claramente que “el presente contrato le otorga solamente algunos derechos de uso de las características incluidas en la versión del software licenciado. Microsoft se reserva todos los demás derechos” y se pasa a explicar que está prohibido “utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software” (algo usual en estudiantes de computación e ingeniería), “hacer público el software para que otros lo copien”, “Hacer copias” (más allá de una copia de seguridad) o “alquilar, arrendar o prestar el software”. Derechos tan elementales como conocer el funcionamiento del software o compartirlo con terceros (que están totalmente garantizados con el software libre) son expresamente prohibidos por la licencia de Windows, pero según el diputado Flores el dictador no es Microsoft, sino su contraparte: el Software Libre.
Leomagno Flores y Microsoft

Una sencilla búsqueda en Google nos probó que estos ataques no son inocentes y que alguien había preparado con anterioridad a este abogado y ex gobernador tachirense. El pasado 30 de mayo de 2012, Flores asistió junto a los diputados Richard Blanco y Walter Márquez al foro de “Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe” en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos [2], foro que Microsoft realiza todos los años desde 1998 con el fin de “convencer” a políticos y diplomáticos latinoamericanos de la importancia de salvaguardar sus intereses.

Noticia de Primicias24 de mayo de 2012

El presidente de Microsoft para América Latina, Hernan Rincón, la ex Secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno estuvieron entre los participantes junto a invitados de Brasil, Argentina y otras nacionales suramericanas (resaltan funcionarios del empresario Mauricio Macri, actual jefe de gobierno de Buenos Aires), e incluso los Presidentes de Colombia y Chile, Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera, participaron a través de video-conferencias [3].

Hernán Rincón, presidente de Microsoft Latinoamérica, en videoconferencia
con Juan Manuel Santos en el evento “Lideres Gubernamentales de América
Latina y el Caribe” en el que también asistió Flores.
Sebastián Piñera participando en la videoconferencia del foro
“Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe” en el que
también participó Leomagno Flores (Foto: Presidencia de Chile)

Indica la noticia que Leomagno Flores participó en el foro tratando el tema del “proyecto de Ley del Infogobierno, que vienen adelantado desde el seno de la comisión que dirige” [2]. No es casual que el diputado Flores, miembro de un partido tradicionalmente asociado en Venezuela con la corrupción; partido que apoyó la intervención extranjera en el año 2002 que se materializó en el golpe de Estado de abril y el paro petrolero de diciembre; partido que se ha opuesto de forma vehemente a las políticas sociales del gobierno del Presidente Hugo Chávez -incluyendo el uso del software libre por razones de soberanía, independencia y desarrollo-, ahora acuda a los Estados Unidos a consultar con la transnacional Microsoft un proyecto de Ley que debe responder única y exclusivamente a las necesidades de nuestro pueblo y no a las de empresas transnacionales.

Nos unimos a los mensajes emitidos por el Presidente Chávez, quien batalla por su recuperación en La Habana, Cuba, y quien, a través de su vicepresidente Nicolás Maduro, instó este 26 de enero a “seguir enfrentando la mentira de la derecha internacional con la verdad permanente” y a “no bajar la guardia ante la conspiración permanente del imperialismo y ante el odio de los enemigos de la Patria, que andan buscando por dónde le hacen a la revolución”. Esta campaña contra las tecnologías libres en el Estado venezolano, iniciada por Microsoft a través del diputado Flores, es una arremetida contra el derecho de nuestro pueblo a determinar cuales son las tecnologías que más le convienen y más necesita.
El software libre es una reacción de los movimientos tecnológicos y sociales de todo el mundo ante la privatización del conocimiento y la cultura. Es una lucha que el imperialismo no se toma en juego: le costó la vida a Aaron Swartz, gran luchador por el software libre y la libertad de conocimiento, que estaba amenazado de enfrentar 50 años de cárcel por haber publicado 4 millones de artículos científicos de las universidades del mundo, conocimiento que las naciones del Norte se empeñan en privatizar mientras que los pueblos del sur luchamos por compartir. [6]
Microsoft entregó memos internos de PDVSA
a la embajada estadounidense en Caracas
solicitando su intervención contra
la Ley de Infogobierno.
Cables del Departamento de Estadonorteamericano liberados por Wikileaks [5] muestran cómo las embajadas estadounidenses en diferentes países del mundo -incluido el nuestro- han trabajado con Microsoft de forma injerencista, para tratar de alterar las legislaciones en países como Brasil, Vietnam, Italia, Francia, México, Bulgaria, El Salvador, Japón, España, Honduras, China, Nigeria, Suecia y muchas otras naciones, en muchos casos con éxito.
Instamos a nuestros diputados y diputadas a continuar documentándose sobre la materia, comprender la urgencia de la discusión de esta ley y no permitir que lobbystas enviados por empresas nacionales y transnacionales les convenzan sin escuchar a su contraparte: la comunidad de tecnologías libres que lucha por la construcción de un nuevo socialismo.
Estamos completamente a sus órdenes para colaborar con la redacción de esta ley y defenderla, como complemento necesario de la Ley de Interoperabilidad -otro recurso legal que se apoyará en las tecnologías libres para acabar con el burocratismo- ante los ataques de quienes nunca han tenido ningún interés en el desarrollo de nuestro país, ni en acabar con la pobreza ni la desigualdad social a pesar de que ostentaron el poder por más de 40 años.
Atentamente,
COMITÉ DE VOCEROS Y VOCERAS DE LA COMUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LIBRES
COLECTIVO “CONOCIMIENTO LIBRE PARA EL SOCIALISMO” (COLIBRIS)
COLECTIVO TELETRIUNFADOR

COLECTIVO BLENDERCHEVERE

ASOCIACIÓN “SOFTWARE LIBRE DE VENEZUELA” (SOLVE)

COLECTIVO PINGÜINO-VE

COLECTIVO MUNDO ACCESIBLE

(Si deseas añadir tu colectivo, sólo escríbenos a Lbracci @ gmail . com)

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Carta Abierta a la Universidad de Los Andes a propósito del convenio con Microsoft

El siguiente texto puede ser consultado desde este enlace

Carta Abierta a la Universidad de Los Andes a propósito del convenio con Microsoft

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Según pudo conocerse a través de esta noticia, la Universidad de Los Andes, a través de su Vicerrectorado Académico, realizó la presentación de una alianza entre dicha universidad nacional y la empresa de software privativo Microsoft. Según reseña dicho artículo la presentación realizada en fecha reciente (el pasado 26 de abril) por parte de la empresa Microsoft a las autoridades de la Universidad de Los Andes, contempla la firma posterior de un acuerdo de cooperación entre ambas partes con un alcance mucho mayor que incluye la adquisición de licencias por uso de software comercializado por la citada empresa.

Frente a este hecho, los abajo firmantes presentamos ante la comunidad una carta protesta con la expectativa de servir de elemento y argumento para que las instituciones con competencia en el área tomen las medidas necesarias para impedir que dichos acuerdos se establezcan entre instituciones educativas del país y empresas comercializadoras de software privativo.

Antecedentes

Es importante comprender que la propuesta de firma de un convenio entre una Universidad Nacional y una corporación comercializadora de software privativo no es un hecho aislado en nuestro país. Todo ello a pesar de los argumentos legales que permiten calificarlo como ilegal, ilegítimo y contrario al respeto de principios y derechos básicos garantizados en nuestra Constitución, los cuales expondremos a continuación.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en función de que ellos son instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Esta preámbulo es menester tenerlo en cuenta en función de que el mismo nos permite avalar el discurso del por que no usar Software privativo en las instituciones públicas venezolanas.

La misma Constitución también expone el tema de la seguridad y soberanía, elementos que mediante el uso de tecnologías privativas (aquellas que impiden a los que las adquieren “aprehender” y poder generar nuevos productos a partir de la tecnología originaria, condenando a los que las adquieren a una relación perenne de ser usuario sujeto a los caprichos del fabricante) difícilmente pueden ser alcanzados ya que no se tendrá el conocimiento adecuado para desarrollar y modificar las tecnologías que se estén adquiriendo.

Aunado a la constitución tenemos, también, los siguientes elementos legales alineados al uso, promoción del software libre:

  • Decreto 3.390
  • Gaceta Oficial Nro 39.109
  • Gaceta Oficial 39.633

De igual manera, el Estado venezolano ha realizado cuantiosas inversiones en el área de software libre tales como el Proyecto Canaima Educativo el cual persigue dotar a los estudiantes Educación Básica con computadores en los cuales se ha instalado previamente Canaima Educativo una versión modificada de Canaima GNU/Linux la misma que se instala en los computadores que distribuyen a los ciudadanos venezolanos otras empresas del Estado como CANTV, VIT. Aunado a esto, recientemente, el Estado venezolano dictó la gaceta oficial 39.633 la cual obliga a toda la Administración Pública Nacional a utilizar la distribución Canaima GNU/Linux

Huelga entonces decir que, el Estado venezolano es el principal inversor e impulsor en materia TIC, lo cual le genera una necesidad evidente al momento de la contratación de servicios basados en Software Libre (en base al marco legal antes expuesto), necesidad que debe ser cubierta por los profesionales que egresan de nuestras universidades.

Por parte de quienes eluden las responsabilidades de las universidades en la construcción de prácticas sociales cónsonas con proyectos nación como la soberanía tecnológica, surgen dos argumentos evasivos del necesario cumplimiento por parte de las universidades de las normas y decretos dictados por el Ejecutivo Nacional,

  1. Las Universidades no forman parte de la Administración Pública Nacional. El primero de los argumentos evasivos aduce que las universidades tienen una suerte de para-legalidad que les exime del cumplimiento de normas nacionales que contextualizan y enmarcan la realización de acuerdos de tenor tecnológico, entre otros, a fin de garantizar la plena preservación y cultivo del bien común. De este modo, las universidades nacionales se autolegitiman para contratar y generar servicios cuya contribución al bien colectivo es, cuando menos, cuestionable. De alguna forma, pareciera ser que el sentido de la autonomía universitaria ampara esta suerte de para-legalidad porque, de algún modo, se tiene el convencimiento, desde los sectores más reaccionarios de estos actores del sistema educativo nacional, que como conquista universitaria, la condición de autónomas les imprime a las universidades un carácter, casi, apolítico a su estructura y funcionamiento.
  2. Las Universidades tienen un margen de acción política que escapa de todo cuestionamiento. Las decisiones que toman las universidades parecieran, según su discurso, estar sustentadas en su misma institucionalidad. En otras palabras, las universidades toman decisiones acertadas porque son universidades y la sociedad debe estar alerta a escuchar los pasos que las universidades dicten. Este es un argumento heredado de criterios y postulados de la modernidad donde la ciencia y sus métodos eran ‘explicables’ por si mismos.

En ese sentido, es importante puntualizar que tal y como está establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) en su Artículo 45, los ministerios, incluido entre éstos al Ministerio del Poder Popupar para la Educación Universitaria, son parte del cuerpo de Entes Superiores de la Administración Pública Central. Adicionalmente, el Decreto con rango de Ley para el Funcionamiento y Organización de la Administración Pública adscribe el Consejo Nacional de Universidades al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y a las distintas universidades a ese Ministerio, de tal suerte que todas las disposiciones generales dictadas por el Ejecutivo Nacional, salvo aquellas propias que limiten las leyes y reglamentos, son de obligatoria aplicación por parte de las Universidades Nacionales. Esto incluye los decretos y normas anteriormente indicados.

Las Universidades como Espacio de Defensa del Libre Acceso al Conocimiento

Aunque para la Real Academia del Idioma Española, una Universidad no es más que una:

Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.

En la práctica, resulta ser mucho más que lo que supone el mero desempeño institucional dedicado a la entrega de grados académicos o títulos. Las universidades tienen un referente social ineludible pues los estudios de cuya organización, impartición y funcionamiento se encargan como parte de sus tareas propias, deben tener una relevancia y pertinencia en el entorno sociocomunitario en el que ocurren. Pero además, desde hace no pocos años a las universidades se les ha relegado la tarea de formar masas críticas con cuanto ocurre en su entorno. O al menos, ésa ha sido una tarea delegada por la sociedad, entre otras, a las instituciones de educación universitaria, aunque la evidencia muestra que no ha sido asumida en su total dimensión.

Lo cierto es que las tareas de formación de masa crítica y de educación con pertinencia sociocomunitaria no son alcanzables si que desde esas mismas instituciones se asuma la corresponsabilidad en la tarea de defender el acceso libre al conocimiento. Y esto, por supuesto, implica un movimiento profundo y de modo transversal en prácticas, políticas, funciones y acciones dentro de las universidades, y por extensión trae cambios profundos en los paradigmas tradicionales que signan la relación aprendiz-docente.

La aspiración -legítima- de las universidades a aceptar su llamado -casi genuino y natural- a la universalidad, integralidad, inclusión e integración no es posible asumirla y cumplirla de un modo distinto a la comprensión de que todas sus acciones, todo su desempeño institucional debe aspirar también al cumplimiento y respeto de principios básicos de preservación y fomento del conocimiento libre. Esto abarca todo el quehacer de estos centros, desde el administrativo (con transparencia en gestión, información pública y utilización de aplicaciones informáticas diseñadas bajo paradigmas libres, por ejemplo), hasta el docente (sinceración de pensa y currícula de carreras, adecuación de pautas y paradigmas docentes a un proceso educativo NO bancario, por ejemplo).

De otro modo,las universidades no podrían cumplir con su papel articulador de las transformaciones sociales necesarias, junto a otras instituciones, sino que quedaría relegada a un segundo plano como entidades de gestión y trámites de títulos universitarios con poca o nula competencia y pertinencia social.

Experiencias Exitosas de aportes de comunidades de software libre al quehacer universitario

Tal y como reseña el CNTI en esta nota de prensa la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) ya está en condiciones de migrar los escritorios de sus funcionarios a la distribución Canaima GNU/Linux tal y como lo exige el Decreto 39.633. De las 460 estaciones de trabajo con que cuenta dicha instancia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, un 20% ya se encuentra migrada al SO Debian, siendo una migración parcial realizada previa la publicación del decreto mencionado. La expectativa es que para finales del presente año culminen con la migración del 100% de las estaciones de trabajo.

En espacios universitarios todavía los éxitos de las migraciones han sido tímidos y poco consistentes, básicamente por debilidades en el apoyo y decisión interna para asumir los procesos de migración y por algunas carencias en capacidades propias de personal adiestrado para asumir el liderazgo y la gestión de tales procesos. Sin embargo, destacan experiencias exitosas como la decisión de La Universidad del Zulia (LUZ) de iniciar procesos de desarrollo y migración, previo vencimiento de las licencias adquiridas para uso de software propietario en el 2012. Esta información pudo conocerse a través de una nota oficial en la página institucional de LUZ, pero también a través del proyecto LOCTI entregado por esa casa de estudios para fortalecer sus programas de educación a distancia a través del uso de herramientas de software libre.

Un reciente comunicado del CNTI, que puede ser consultado desde este enlace, evidencia no solo el éxito de convocatorias a jornadas de sensibilización y divulgación de uso de software libre como el FLISOL en espacios universitarios, sino también el compromiso de ese centro, de la mano con las comunidades de software libre y grupos locales, para asesorar, apoyar e impulsar proyectos de migración de software libre en universidades.

Trabajos como los mencionados no serían posibles sin la participación desinteresada, voluntaria pero constante, de grupos locales y grupos de usuarios y desarrolladores que han venido interviniendo, desde hace más de una década, dentro de espacios universitarios en tareas de desarrollo, socialización, sensibilización y formación de capacidades propias para fortalecer el sector.

Declaración Final

Por todo lo anterior, los abajo firmantes nos oponemos a cualquier convenio que realice la Universidad de Los Andes con corporaciones internacionales o empresas nacionales o locales vendedoras de licencias de software, y declaramos públicamente que el acuerdo de colaboración celebrado entre el Vicerrectorado Académico y Microsoft atenta en contra el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al uso obligatorio de Canaima GNU/Linux y aplicaciones de software libre en la Administración Pública Nacional y, además, irrespeta el principio de libertad al acceso al conocimiento consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, como partícipes, representantes, activistas y colaboradores de Tecnologías Libres, nos ponemos a disposición del Vicerrectorado Académico para articular las acciones de desarrollo, alfabetización y sensibilización que sea necesario, a fin de acelerar el proceso de migración de la ULA a Software y Tecnologías Libres y de fortalecer el desarrollo propio de aplicaciones útiles y pertinentes para el desempeño de la ULA y sus actividades académicas y administrativas.

Colectivos Firmantes

Ciudadan(a/o)s firmantes:

  1. Joan Espinoza – (Cédula en depósito) – Comunidad/Proyecto Nacional de Hardware Libre PingüinoVE
  2. Juan Pablo Toledo -(Cédula en depósito) – Usuario de tecnologías libres
  3. José Luis Regalado – (Cédula en depósito) – FLOSS developer.
  4. María Angela Petrizzo Páez -(Cédula en depósito) – Usuario de software libre – Activista de Conocimiento Libre
  5. Juan José Márquez (Cédula en depósito) – Usuario de Software Libre – Miembro del Colectivo Canaima Universitario
  6. Hector Colina – Activista comunidad Canaima
  7. José Leonel Subero Gamarra – UNPLUG, CLUG, Entre Hackers, Plone Venezuela, UDOLUG, Activista comunidad Canaima
  8. David Hernández – gUsLA – Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
  9. Eduard Lucena – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
  10. Wuilmer Bolivar – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
  11. Yury Jajitzky – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
  12. Juan Vargas – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad BolivarLUG
  13. Karla Cocho – (Cédula en depósito) – Activista de la Comunidad BolivarLUG
  14. Gloria Alvarez – (Cédula en depósito) – Usuario y activista, miembro de GUSL (Grupo de usuarios de SL, VeLUG capítulo Lara)
  15. Nathalie Colina – (Cédula en depósito) – Usuario de Software Libre y activista, miembro de GULIP; ActivistasXSL y Proyecto GNU de Venezuela
  16. Feijóo Jiménez – (Cédula en depósito) SOLVE (Software Libre Venezuela) – COLIBRIS (Conocimiento Libre y Socialismo)
  17. Franklin García Mendoza – (Cédula en depósito) Coordinador de GULTAJS, Activista Comunidad Canaima