Ciudadanía es corresponsabilidad

Hace ya varios años que me interroga la ciudadanía y los modos en que es posible manifestarla como pleno ejercicio de la acción democrática desde el ser humano. No se asusten, no ando cambiada de acera ni este será un post sobre la “sociedad civil” “apabullada” en época de “crisis de Estado”. Me sé pueblo y en tanto que pueblo hablo como ciudadana que busca ser corresponsable.

Sigo en la misma acera y, quizás por eso, y también por activismo digital, asumo con todas sus letras el llamado a probar y reportar mi experiecia en el uso de apps desarrolladas por el Estado venezolano. La tarea de ser beta tester, aún sin que me digan que lo soy o participar en cualquier equipo de desarrollo de los varios que ahora están haciendo apps para la APN, la asumo con genuino compromiso de contribuir desde una perspectiva que muy pocas veces es valorada por nuestros desarrolladores/as en su justa dimensión: el usuario final.

Sabiendo, además, por referencia y por deducción de mis propias indagaciones, que buena parte de las apps no han sido desarrolladas a partir de las llamadas historias de usuario o, al menos teniéndolas en mente, la tarea de probar los sistemas diseñados es para mi parte de mi corresponsabilidad ciudadana y un ejercicio genuino y sincero de contraloría digital del resultado final. Cierto es que las observaciones se traducen en tuits o mensajes en grupos donde dichas herramientas han sido promocionadas pues, en un porcentaje cercano al 100% de los casos, dichas aplicaciones cuentan con dos carencias fundamentales en cuanto a la relación con quienes la utilizarán:

  1. No identifican de modo claro la metodología de corrección de errores y liberación de nuevas versiones, y
  2. No identifican de modo claro algún canal de comunicación y soporte con el equipo de diseño y/o mantenimiento.

Lo cual, ciertamente, me refuerza la convicción sobre la absoluta ausencia de la mirada de quien usará estas aplicaciones, como insumo clave dentro del proceso de mejora contínua que debe orientarlas.

Quisiera mostrar la revisión como usuaria de tres aplicaciones diferentes: Pagoclave del Banco de Venezuela, Plan de la Patria, de la Vicepresidencia para la Planificación y Patria.org.ve de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.

Pagoclave del Banco de Venezuela.

Pagoclave es una herramienta única en Venezuela habilitada por un Banco para hacer pagos y transferencias a cuentas propias y de otros bancos a través de un mensaje SMS. Ya la sola posibilidad de que se habiliten transacciones electrónicas desde nuestra cuenta de banco a través de SMS resulta atractivo, dado el volumen de usuarios de teléfonos que no cuentan con equipos de los llamados teléfonos inteligentes. Lo cual, dicho sea de paso, también puede resultar angustiante tanto para bancos como para usuarios/as por que, seamos francas, no hay mucha conciencia sobre el uso responsable de los teléfonos y las normas básicas de seguridad que este amerita.

Pagoclave requiere una afiliación a través del portal de banca electrónica del Banco de Venezuela. Una vez realizada la afiliación, que sigue el mismo proceso que todos las solicitudes de afiliación del banco: solicitud de código por teléfono, introducción de clavecoordenadas y frase clave; se procede a configurar el servicio que permite hasta 30 transacciones como máximo por día, por un monto maximo diario de 800.000 Bs y un monto máximo por transacción de 800.000 Bs.

Una vez configurada la cuenta de Pagoclave, ya el usuario está habilitado tanto para recibir como para realizar pagos a través del teléfono celular cuyo número está afiliado a los servicios del Banco de Venezuela. El pago se realiza de forma inmediata, bueno, lo que demora un SMS, y el abono en la cuenta de cualquier banco afiliado a un servicio de pago similar, se hace de forma inmediata. La comisión no es “alta”, aunque es mucho mayor que la comisión de hacer una transacción interbancaria y esperar un día o día y medio para su habilitación.

Mi nivel de satisfacción es cercano al 90%. Creo que este es un mecanismo alternativo para facilitar muchísimo compras a minoristas, bodegas, comercio informal y otros pagos de servicios menores. No he probado el servicio de soporte del banco para la aplicación.

Qué mejorar: Información sobre comisión que, entiendo, es un % sobre la transacciń o, al menos, una tasa según rango de monto transferido/pagado. Debe mejorarse información sobre que AMBOS usuarios/as deben estar registrados en sistemas similares, de otra forma no se procesará la transacción. En fin, las mejoras son de comunicación.

Plan Patria.

Tal como se realizó para el año 2012, este año que arranca se inicia con la configuración del próximo plan de desarrollo de la nación. Es una tarea importante de nuestro quehacer democrático y en el cual, dadas las condiciones de nuestra democracia como participativa y protagónica, no podemos menos que involucrarnos como pueblo.

En aquella ocasión, se habilitó la participación por distintas vías y canales. Las ciudades del debate, organizadas territorial y temáticamente fueron un proceso que humanizó muchísimo la planificación. También se habilitaron propuestas de “expertos” y la participación a través de una plataforma virtual en la cual se registraban las propuestas.

Es una experiencia de consultas similares que desde entonces se han venido repitiendo y antes de aquel momento. En Venezuela consultamos casi todo. Considero que nuestras debilidades no son directamente en los procesos de consulta, sino en creer que la información a lo largo del proceso y su resultado posterior, es un proceso que sólo involucra tareas de divulgación y promoción. Si en algo hemos sufrido fallas y carencias, ha sido en la divulgación, promoción y socialización de los resultados y el cómo se construyeron.

Dicho lo cual, confieso que aunque el Plan de la Patria vigente tuvo contribuciones muy potentes, nos quedó pendiente conocer cómo se escogieron ésas por encima de las que no entraron. Espero que esto no nos ocurra de nuevo.

Screenshot-2018-1-9 Plan Patria 2025

Comencé a probar Planpatria.gob.ve el día sábado 6 de enero. Consideré necesario probarla, pues el día siguiente acudiría a una asamblea de consulta y quería aprovechar la herramienta para registrar los aportes.

La versión que conseguí al principio tenía los siguientes errores:

  1. Los aportes sólo podían registrarse introduciendo letras y espacios. No podrían ser introducidos ni números ni caracteres especiales como acentos, comas, comillas u otros (SOLUCIONADO)
  2. La longitud máxima del texto introducido en cada propuesta era desconocido pero en todo caso muy pequeña. Esto lo han aumentado a 1.000 caracteres, lo cual considero ¡es aún muy poco!. Una longitud aceptable en cada ítem debería ser no inferior a 2500 caracteres. Por poner un ejemplo, la consulta pública hecha para el Observatorio de Blockchain incluía un campo de propuesta que debía ser presentada entre 5.000 y 7.000 caracteres.
  3. No hay una descripción con textos de ayuda para ninguna casilla lo cual reduce a ninguno los criterios de accesibilidad manejados. No verifiqué la aplicación de la normativa vigente (emitidas por CNTI) pero la ausencia de textos de ayuda habla por si misma. Amigos/as desarrolladores/as, ¡esas normas son para cumplirlas!
  4. No hay posibilidad de anexar ningún documento, fotografía, proyecto, u hoja resumen de la asamblea que permita ampliar la información introducida en las casillas.
  5. Hay un problema metodológico de fondo: La página no parece cumplir la metodología de las asambleas que se han venido realizado territorialmente organizadas (al menos en Mérida) a través de grupos que escogen una de las llamadas preguntas generadoras de la consulta. Sin embargo, el sistema exige (no lo indica, pero el uso demuestra que es así), que se rellenen las tres preguntas. De modo que, y en vista de la poca extensión disponible, el usuario debe vaciar los aportes segmentándolos en todas las casillas (aunque se trate de preguntas diferentes), o lograr introducirlas en una única casilla y vaciar contenido nulo en las demás para garantizar que el sistema registre los aportes. Por otro lado, esas asambleas no se han organizado en torno a dimensiones ni a frentes de batalla, lo cual es una información relevante (¡crucial!) para la inclusión de propuestas.
  6. ¿Cuáles mecanismos habrá para facilitar la participación del montón de gente y organizaciones analógicas que hay (por resistencia, por convicción o por imposibilidad de conexión) por ahí?
  7. No hay información de quien desarrolla la herramienta o cómo informar de los fallos o cómo contactar a alguien que atienda el soporte.

Mi nivel de satisfacción hasta ahora está por debajo del 60% iba a decir 45% pero han venido corrigiendo fallos rápido, así que eso demuestra que alguien tiene los oidos abiertos.

Patria.org.ve

Como bien saben, patria.org.ve es el portal a través del cual se realiza mensualmente seguimiento a la distribución de los CLAP a nivel nacional y también a través de la cual se maneja la asignación de los distintos bonos entregados por el Ejecutivo Nacional en los últimos meses.

Utilizo esta plataforma desde mediados del año pasado. Pese a que hubo muchas personas que cayeron fácil en la idea conspiranóica de afirmar que era una página montada por la derecha, lo cierto es que cada mes, desde que la utilizo, informo que no recibo CLAP desde el mes de marzo del 2017. Igualmente he venido viendo cómo progresivamente han mejorado el rendimiento de la página, e incorporado más elementos para facilitar un mayor y mejor control de todo el sistema de cara al usuario/a final.

Screenshot-2018-1-9 Patria

Pienso que una migración natural de esta plataforma sería su vinculación con Billeteramóvil, que es una herramienta diseñada, según dicen, por el equipo de CANTV, y aunque totalmente en inglés (/joke) en realidad, toma por defecto el idioma de configuración del navegador lo cual no es muy útil pues muchos/as usuarios/as no saben cómo cambiar estas configuraciones en sus aplicaciones y agradecen tener una información en su idioma nativo; permite manejar fondos a través del carnet de la patria para pagos de asignaciones CLAP. De hecho, si la distribución de los CLAP y la P de producción funcionaran bien, los bonos asignados deberían distribuirse hacia el carnet de la patria para efectuar compras en ese sistema. Lamentablemente la escasa distribución (por ejemplo, sólo 2000 bolsas para todo el municipio Libertador del estado Mérida… ¡en serio!), no permite que este ciclo, casi natural, pueda cumplirse.

Estas dos últimas aplicaciones, adolecen de las mismas fallas que las anteriores con respecto a la accesibilidad, lo cual, en términos de inclusión representa una injusticia tremenda. Igualmente, muestran las carencias enunciadas antes en cuanto a los ciclos de desarrollo, el equipo de desarrollo y los canales de soporte y comunicación.

Balance final.

Aunque ha sido progresivo la configuración de equipos de desarrollo de apps para el Estado Venezolano, hay una resistencia a garantizar la solidez organizacional que dichos procesos ameritan a través de, por ejemplo, su progresiva incorporación a un repositorio común que, además, garantice no sólo el cumplimiento de estándares buenos para la APN, sino también que estas apps puedan ser probadas por más usuarios en cada ciclo e, incluso, mejoradas por estos, tal como ocurre en cualquier ciclo virtuoso de producción de software libre por ejemplo.

Es tiempo de aprender. Lo que queda por delante no es poco y los desafíos son cada vez mayores.

 

 

 

 

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¿Es necesario certificar el Software Libre?

El escrito que está a continuación es producto de una invitación hecha, en el 2013, por @mapologo a pensar el tema de las Certificaciones de Software para aplicativos libres.

La salvedad del año es importante. Para nosotros supuso un trabajo que esperábamos pudiera servir a un emprendimiento en el que estuvimos y ya no estamos. Sin embargo, el tiempo en que este escrito fuera de interés para más gente, recién llegó ahora pese a que, debo decirlo, aunque nos ratificamos en lo que allí dijimos, pensamos que es buen momento para actualizarlo.

Mientras la actualización de ese texto llega, adjuntamos aquí el trabajo que hicimos entonces. Esperamos que sea de utilidad y, obvio, estamos abiertos a comentarios, sugerencias y opiniones, por aquí mismo o por @petrizzo y @mapologo en twitter.

Certificaciones Para el Software Libre de Fuentes Abiertas

¿Qué es lo que Venezuela acordó con Uruguay en Software Libre?

Por un convenio de Software Libre con Uruguay que realmente sea distinto

Ver Fuente Original

Para la comunidad de software libre venezolana, el convenio que el gobierno venezolano firmó en 2007 con la nación uruguaya en materia de tecnologías fue vergonzoso. Tres años antes, años el Presidente Hugo Chávez había firmado el Decreto Presidencial 3.390 para la migración a software libre de toda la plataforma del Estado venezolano, pero el convenio que se firmó con Uruguay lo violaba flagrantemente, pautando la adquisición de licencias de un software propietario llamado “Genexus”, desarrollado por la empresa uruguaya Artech en un convenio por varios millones de dólares. Este software generaba, a partir de diagramas y modelados, el código fuente de las aplicaciones que debía usar nuestro Estado, pero al ser una aplicación propietaria violaba el decreto firmado por el Comandante en Jefe.

El dibujar diagramas en una caja negra y que ésta te genere el código fuente de tus programas definitivamente no es soberanía tecnológica. Peor aún: se desconocía el hecho de que en Venezuela existen suficientes técnicos e ingenieros calificados para el desarrollo de aplicaciones y que nuestro país tiene mucha más experiencia en materia de desarrollo de software libre. Para nada se requería pagar a Uruguay millones de dólares para la compra de un programa que generara código fuente.

Muchos camaradas escribieron decenas de artículos en Aporrea tratando de llamar la atención sobre la situación. Finalmente, el gobierno venezolano decidió reestructurar el acuerdo, pautándose con Uruguay la creación del proyecto Altagracia, una versión de Genexus en software libre. Sin embargo, después de varios años Altagracia se estancó y dejamos de recibir noticias sobre el mismo.

El pasado 7 de mayo, muchos nos preocupamos con un comentario del Presidente Nicolás Maduro, quien indicó que se firmaría un nuevo convenio en materia de software libre con Uruguay. Maduro no dio mayores detalles al respecto, lo cual repercutió en que muchos miembros de la comunidad venezolana de software libre prendieran las alertas.

Afortunadamente, varios camaradas del Ministerio de Ciencia y Tecnología contactaron a las vocerías de varios colectivos de la Comunidad de Software Libre a través del Comité de Tecnologías de Información Libres, organizando una reunión la semana pasada para darles detalles al respecto, siempre indicándonos que la información era verídica pero extraoficial pues ellos no han sido autorizados por el Ministerio como voceros para este tema. Sin embargo, les interesa muchoque vayan conociéndose esta información entre las comunidades para evitar descontentos innecesarios.

Se nos explicó que el convenio con Uruguay es complejo e involucra muchos ministerios, no sólo Ciencia y Tecnología. Se nos insistió en que, en esta ocasión, es Uruguay la que está interesada en los desarrollos que Venezuela posee en software libre, y no al revés. Sin embargo, Venezuela reconoce la experiencia de Uruguay en procesos y metodologías, en áreas como gobierno electrónico e interoperabilidad, y está interesada en conocer su arquitectura y forma de solucionar los problemas, más no las herramientas en especial porque Uruguay utiliza herramientas privativas que no nos interesan.

También se nos informó que hace un año el CNTI ordenó el cierre administrativo de Altagracia. El proyecto se detuvo debido al poco interés de Venezuela en esa tecnología, y además había un problema filosófico de base: nadie estaba obligado a liberar el código fuente que se había trabajado. Para cerrar administrativamente el proyecto tiene que rendirse todo lo que se entregó como anticipo (533 mil dólares), dado que los objetivos del proyecto no se cubrieron. “El proyecto, sin embargo, básicamente se terminó, aunque las pruebas no nos permiten tener un sistema funcional, con lo cual ese sistema no nos sirve para lo que queremos hacer en el país”, se nos dijo. En estos momentos se negocia y discute con Uruguay cómo hacer la devolución, posiblemente a través de servicios o metodologías por parte de Uruguay hacia Venezuela, pero NO con herramientas de software.

Otro tema incluido en el convenio es la certificación de empresas para que puedan ofrecer servicios comerciales con países aliados. Hay interés en conocer esa experiencia para ver cómo podría hacerse, a través de estándares como BPM y BPMn, conociendo enfoques metodológicos, organizativos, asesorías y financiamiento para adecuación de las empresas.

Autores: Comité de Voceras y Voceros de Tecnologías de Información Libres.

Mariángela Petrizzo
Nerissa Aguilera
Stephenson Prieto
Elías Cisneros
Octavio Rossell
Luis Ernesto Rivero
Ernesto Cabrera
Luigino Bracci
José Leonel Subero
Peter Blanco
Joan Espinoza

Rechazo a la injerencia de Microsoft en la política tecnológica venezolana

Copias de este Comunicado de Colectivos de Software Libre en Venezuela pueden verse desde este enlace y este. La fuente original es del Espacio de Lubrio.

RECHAZO A LA INJERENCIA DE LA EMPRESA MICROSOFT, A TRAVÉS DEL DIPUTADO LEOMAGNO FLORES DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA DISCUSIÓN DE LA LEY DE INFOGOBIERNO

Desde el año 2004, partidarios de la comunidad de software libre comienzan a discutir y formular un proyecto de Ley para introducirlo en la Asamblea Nacional. Este proyecto sufrió modificaciones y, en el año 2006, la Asamblea Nacional comenzó a discutirlo con el nombre de “Ley de Infogobierno”, que tiene como propósito reglamentar el uso de las Tecnologías de la Información para mejorar la forma de trabajo del Estado. Que los innumerables computadores y equipos informáticos de nuestros entes públicos sirvan para reducir la burocracia al mínimo necesario y lograr que las comunidades organizadas se adueñen del poder. Que las millones de personas que trabajan para el Estado puedan ser más eficientes resolviendo los problemas de nuestro pueblo.
En aquel momento, el debate se centró en la obligatoriedad del uso de Software Libre en la plataforma tecnológica del Estado, algo que ya había sido ordenado por el Presidente Chávez en 2004 a través del Decreto 3.390 para el Poder Ejecutivo Nacional, pero que ahora debía ampliarse a todos los poderes públicos.

Al utilizarse software libre, el Estado posee el código fuente (los “planos”) del software, que le permiten examinar cómo funciona dicho software, nos da la posibilidad de modificarlo y compartirlo con terceros, lo que es fundamental para entender cómo funciona el software que usamos, adaptarlo a las necesidades de nuestro país y poder usarlo en numerosos entes públicos o compartirlo con nuestra población, sin el pago de licencias adicionales.

El software privativo, por el contrario, le niega a sus compradores estas posibilidades. Quien adquiera software privativo (bien sea un producto para un sólo computador, como Microsoft Windows, o un gran sistema de gestión empresarial que se usa en cientos de computadores, como SAP) no puede ver el código fuente de las aplicaciones, porque la empresa ha decidido cerrar y privatizar el conocimiento dentro del mismo, y ha decidido prohibir cualquier técnica para que sus usuarios puedan conocer cómo funciona, puedan modificarlo o adaptarlo a sus necesidades. Esta es una forma de esclavizar a los pueblos del mundo, pues el comprador de software privativo, ante cualquier requerimiento o necesidad de adaptar el software, debe pagar montos adicionales a las empresas para que éstas sean las que ejecuten las adaptaciones. Además, el software privativo puede ocultar código que permita espiar o sabotear las computadoras donde está instalado, y debido a que no se puede examinar el código fuente, no es posible detectar estas amenazas.
Creemos que la decisión impulsada por el Presidente Chávez de usar software libre en el Estado es una medida absolutamente acertada, y nos permite asegurarnos de que las y los venezolanos somos capaces de manejar, reparar y mejorar la tecnología que adquirimos, dejando de ser meros compradores de tecnologías para participar en su desarrollo.

Sin embargo, las grandes transnacionales del software encabezadas por Microsoft, así como las cámaras de empresarios locales, movieron sus engranajes y sus aparatos de lobby en el año 2006, iniciando una oscura campaña mediática contra el software libre, acusándolo de ser una“marca” manejada por personas supuestamente interesadas en quedarse con “negocios” del Estado, e incluso seduciendo a algunos diputados de la revolución con su mensaje [4]. Finalmente, la fuerte protesta de la comunidad de software libre causó que la discusión de aquel proyecto de ley, que había eliminado al software libre de sus líneas, fuera suspendida.

Proyecto Canaima Educativo. Foto: AVN

Es entendible por qué Microsoft estaba tan molesta. Para ellos, el proyecto “Canaima Educativo” (las Canaimitas) no es un proyecto de inclusión social; es un negocio. No ven a 2,3 millones de niños y niñas -la gran mayoría de sectores populares- felices porque tienen un nuevo instrumento para su educación, cultura e inclusión.

No ven a miles de personas con discapacidad que se sienten útiles al poder tener acceso a la informática e Internet. Lo que ven es un potencial negocio para vender 2,3 millones de licencias de Windows, sin incluir las licencias del software educativo y los contratos de soporte y asesoría.

El software libre ha traído un gran ahorro para el país, al permitir que sistemas desarrollados para una institución pública puedan compartirse con muchas otras, como ocurre con los sistemas de facturación y almacén en los diferentes entes del Ministerio de Alimentación y de Comercio, y en empresas de producción social como Industrias Diana. Ha creado muchos puestos de trabajo y ha ahorrado al Estado una cantidad de dinero aún no cuantificada en materia de licencias, estimable en varios cientos de millones de bolívares al año.
Ley de Infogobierno, de nuevo a la palestra

Con el paso del tiempo otros funcionarios públicos, como la entonces ministra Socorro Hernández, intentaron reactivar la discusión sobre la Ley de Infogobierno sin mucho éxito. No fue sino hasta hace unos meses que dicha ley volvió a mencionarse en los medios de comunicación, de la mano del diputado del PSUV Geovanni Peña, interesado en reactivar su discusión.

Y nuevamente, las grandes empresas transnacionales del software (aquellas que convencen a los gobiernos de cambiar sus legislaciones para adaptarlas a sus intereses, usando tratados de libre comercio y acuerdos como el derrotado ALCA o el actual ACTA [5]) vuelven al ataque.

En esta ocasión, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, diputado Leomagno Flores -miembro del partido Acción Democrática por el estado Táchira- ha sido quien inició los ataques contra las tecnologías libres al asegurar, en el debate del parlamento el pasado 22 de enero, lo siguiente en torno al proyecto de ley de Infogobierno:
“De ese proyecto, lo que más nos preocupa es que cuando se habla de ‘abrir los caminos al software libre’. Uno cree que software libre pudiera ser mucho software que la gente pudiera, a su libre albeldrío, tomar uno, y no. Software Libre es simplemente la dictadura de un sistema informático, violando el principio básico de la neutralidad tecnológica, y eso es lo que nosotros debemos evitar que suceda con ese tipo de legislaciones”. [1]
Dichas declaraciones son absurdas. Todo producto de software privativo viene acompañado de una licencia de usuario, texto que el abogado Flores debe conocer bien dada su profesión, y que indican los derechos y responsabilidades que tiene el usuario del software. En el caso de las licencias de Microsoft Windows [7] se indica claramente que “el presente contrato le otorga solamente algunos derechos de uso de las características incluidas en la versión del software licenciado. Microsoft se reserva todos los demás derechos” y se pasa a explicar que está prohibido “utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software” (algo usual en estudiantes de computación e ingeniería), “hacer público el software para que otros lo copien”, “Hacer copias” (más allá de una copia de seguridad) o “alquilar, arrendar o prestar el software”. Derechos tan elementales como conocer el funcionamiento del software o compartirlo con terceros (que están totalmente garantizados con el software libre) son expresamente prohibidos por la licencia de Windows, pero según el diputado Flores el dictador no es Microsoft, sino su contraparte: el Software Libre.
Leomagno Flores y Microsoft

Una sencilla búsqueda en Google nos probó que estos ataques no son inocentes y que alguien había preparado con anterioridad a este abogado y ex gobernador tachirense. El pasado 30 de mayo de 2012, Flores asistió junto a los diputados Richard Blanco y Walter Márquez al foro de “Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe” en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos [2], foro que Microsoft realiza todos los años desde 1998 con el fin de “convencer” a políticos y diplomáticos latinoamericanos de la importancia de salvaguardar sus intereses.

Noticia de Primicias24 de mayo de 2012

El presidente de Microsoft para América Latina, Hernan Rincón, la ex Secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno estuvieron entre los participantes junto a invitados de Brasil, Argentina y otras nacionales suramericanas (resaltan funcionarios del empresario Mauricio Macri, actual jefe de gobierno de Buenos Aires), e incluso los Presidentes de Colombia y Chile, Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera, participaron a través de video-conferencias [3].

Hernán Rincón, presidente de Microsoft Latinoamérica, en videoconferencia
con Juan Manuel Santos en el evento “Lideres Gubernamentales de América
Latina y el Caribe” en el que también asistió Flores.
Sebastián Piñera participando en la videoconferencia del foro
“Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe” en el que
también participó Leomagno Flores (Foto: Presidencia de Chile)

Indica la noticia que Leomagno Flores participó en el foro tratando el tema del “proyecto de Ley del Infogobierno, que vienen adelantado desde el seno de la comisión que dirige” [2]. No es casual que el diputado Flores, miembro de un partido tradicionalmente asociado en Venezuela con la corrupción; partido que apoyó la intervención extranjera en el año 2002 que se materializó en el golpe de Estado de abril y el paro petrolero de diciembre; partido que se ha opuesto de forma vehemente a las políticas sociales del gobierno del Presidente Hugo Chávez -incluyendo el uso del software libre por razones de soberanía, independencia y desarrollo-, ahora acuda a los Estados Unidos a consultar con la transnacional Microsoft un proyecto de Ley que debe responder única y exclusivamente a las necesidades de nuestro pueblo y no a las de empresas transnacionales.

Nos unimos a los mensajes emitidos por el Presidente Chávez, quien batalla por su recuperación en La Habana, Cuba, y quien, a través de su vicepresidente Nicolás Maduro, instó este 26 de enero a “seguir enfrentando la mentira de la derecha internacional con la verdad permanente” y a “no bajar la guardia ante la conspiración permanente del imperialismo y ante el odio de los enemigos de la Patria, que andan buscando por dónde le hacen a la revolución”. Esta campaña contra las tecnologías libres en el Estado venezolano, iniciada por Microsoft a través del diputado Flores, es una arremetida contra el derecho de nuestro pueblo a determinar cuales son las tecnologías que más le convienen y más necesita.
El software libre es una reacción de los movimientos tecnológicos y sociales de todo el mundo ante la privatización del conocimiento y la cultura. Es una lucha que el imperialismo no se toma en juego: le costó la vida a Aaron Swartz, gran luchador por el software libre y la libertad de conocimiento, que estaba amenazado de enfrentar 50 años de cárcel por haber publicado 4 millones de artículos científicos de las universidades del mundo, conocimiento que las naciones del Norte se empeñan en privatizar mientras que los pueblos del sur luchamos por compartir. [6]
Microsoft entregó memos internos de PDVSA
a la embajada estadounidense en Caracas
solicitando su intervención contra
la Ley de Infogobierno.
Cables del Departamento de Estadonorteamericano liberados por Wikileaks [5] muestran cómo las embajadas estadounidenses en diferentes países del mundo -incluido el nuestro- han trabajado con Microsoft de forma injerencista, para tratar de alterar las legislaciones en países como Brasil, Vietnam, Italia, Francia, México, Bulgaria, El Salvador, Japón, España, Honduras, China, Nigeria, Suecia y muchas otras naciones, en muchos casos con éxito.
Instamos a nuestros diputados y diputadas a continuar documentándose sobre la materia, comprender la urgencia de la discusión de esta ley y no permitir que lobbystas enviados por empresas nacionales y transnacionales les convenzan sin escuchar a su contraparte: la comunidad de tecnologías libres que lucha por la construcción de un nuevo socialismo.
Estamos completamente a sus órdenes para colaborar con la redacción de esta ley y defenderla, como complemento necesario de la Ley de Interoperabilidad -otro recurso legal que se apoyará en las tecnologías libres para acabar con el burocratismo- ante los ataques de quienes nunca han tenido ningún interés en el desarrollo de nuestro país, ni en acabar con la pobreza ni la desigualdad social a pesar de que ostentaron el poder por más de 40 años.
Atentamente,
COMITÉ DE VOCEROS Y VOCERAS DE LA COMUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LIBRES
COLECTIVO “CONOCIMIENTO LIBRE PARA EL SOCIALISMO” (COLIBRIS)
COLECTIVO TELETRIUNFADOR

COLECTIVO BLENDERCHEVERE

ASOCIACIÓN “SOFTWARE LIBRE DE VENEZUELA” (SOLVE)

COLECTIVO PINGÜINO-VE

COLECTIVO MUNDO ACCESIBLE

(Si deseas añadir tu colectivo, sólo escríbenos a Lbracci @ gmail . com)

Red internacional de Software Libre

O corremos o nos encaramamos.

Creo que no merece la pena asumir decisiones apresuradas motivadas por agendas foráneas. Sin embargo, es importante darse cuenta de las ventanas de oportunidad que surgen en nuestro entrono internacional inmediato y que pueden contribuir al (re)impulso de iniciativas nuestras, soportadas en su servicio directo a un interés de orden superior, como significa una estrategia común del Sur frente a las ventajas estructurales y estructurantes del uso de Tecnologías Libres.

En el marco del FISL 2012, se logró la constitución de un acuerdo base para una Red Internacional de Software Libre.

Tomado de la página de SOLAR, transcribo a continuación el acuerdo preliminar de arranque de esta esperanzadora iniciativa que, demás está decirlo, suscribo plenamente.

Acuerdo de creación de la Red Internacional de Software Libre (RISoL)

En el marco del Foro Internacional de Software Libre en su 13a edición en Porto Alegre, Brasil, participantes y representantes de comunidades y grupos de diversos países acuerdan la construcción de una Red Internacional de Software Libre. Entre los antecedentes del presente acuerdo se encuentran convenios previos tales como los firmados en FISL 2004, CONSEGI 2008 y Acuerdo Atlántico (FISL 2011).

Entendiendo que la defensa del Software Libre debe ser a nivel internacional y que el avance de políticas en su favor puede ser amenazado por distintos escenarios -como se evidencia por ejemplo en el caso paraguayo- la Red se propone los siguientes objetivos:

1) Afianzar las relaciones entre sus miembros para fortalecer la defensa de las iniciativas de Software Libre en sus países y regiones, a través de acciones globales coordinadas para apoyar las locales.

2) Difundir y defender al Software Libre como componente medular de la Soberanía Tecnológica.

3) Compartir experiencias, prácticas y documentación en el ámbito del Software y Conocimiento Libres, fortaleciendo y fomentando el trabajo local de sus miembros en cada uno de sus ámbitos de acción.

4) Generar y mantener una agenda estratégica de trabajo de La Red con el fin de expresar a través de diferentes voces, los objetivos consensuados.

Para ello se propone, al corto plazo, desarrollar un plan de acción conjunto para el cumplimiento de los objetivos compartidos y establecer los mecanismos y espacios más adecuados para el trabajo concreto y localizado.

Convocamos a todos los actores comprometidos con el Software Libre a integrarse a esta Red y trabajar en sus objetivos fundacionales definiendo las acciones futuras.

Em Português:
Acordo de criação da Rede Internacional de Software Libre (RISoL)

Durante a 13ª edição do Fórum Internacional de Software Livre, em Porto Alegre, Brasil, participantes e representantes de diferentes comunidades e grupos de diversos países definem a construção de uma Rede Internacional de Software Livre. Entre os antecedentes do presente acordo encontram-se convênios prévios tais como os firmados no FISL 2004, CONSEGI 2008 e Acordo Atlântico (FISL 2011).

Entendendo que a defesa do software livre deve ocorrer em nível internacional e que o avanço de políticas favoráveis ao software livre podem ser ameaçadas por cenários particulares – tal como a situação do Paraguai – a Rede se compromete com os seguintes objetivos:

1) Consolidar as relações entre seus membros para fortalecer a defesa das iniciativas de Software Livre em seus países, através de ações globais coordenadas para apoiar as locais.

2) Difundir e defender o Software Livre como um componente basilar da soberania tecnológica.

3) Compartilhar experiências, práticas e documentação no âmbito do Software e do Conhecimento Livres, fortalecendo e fomentando o trabalho local de seus membros em cada um dos seus âmbitos de ação.

4) Gerar e manter uma agenda estratégica de trabalho da Rede, com o objetivo de expressar, através de suas diversas vozes, os objetivos consensuais.

Para isso, propõe-se, a curto prazo, o desenvolvimento de um plano de ação conjunta para o cumprimento dos objetivos comuns, bem como o estabelecimento de mecanismos e espaços mais adequados para a concretização local dos trabalhos.

Convocamos a todos os atores comprometidos com o Software Livre a integrar-se a esta rede e trabalhar na concretização de seus objetivos fundamentais e na definição de suas ações futuras.
Firmantes:

  • ASL (Asociação Software Livre Brasil)
  • SoLAr (Software Libre Argentina)
  • Asociación Formación, Cultura y Solidaridad, – Iniciativa Focus, España
  • CISOL (Congreso Internacional de Software Libre), Zacatecas, México
  • CESoL (Centro de estudios de Software Libre), Uruguay
  • CTL (Centro de tecnologías libres), Chile
  • SLE (Software Livre Educacional), Brasil
  • CADESOL (Cámara de Empresas de Software Libre), Argentina
  • COSIT AC, México
  • COSOLIG (Comunidad de Software Libre Garcilasina) Univeridad Inca Garcilaso de la Vega, Perú.
  • COS (Centro Open Source), Perú
  • SLGT – (Software Libre Guatemala)
  • MISOL (Misiones Software Libre), Argentina

De los nombres

“A veces las palabras se posan sobre las cosas como las nombrándolas”

Ángel González

Hace algunos días decidí seguir la práctica de alguien a quien admiro mucho -y no en secreto- sobre las listas electrónicas. Esta chica comentaba, muy serena y contenta cuánto le había ayudado alejarse un poco de ciertos remolinos que a veces ocurrían en las listas electrónicas o, al menos, eso creí entender de su práctica que, por estos días, pretendo imitar.

Cuestiones personales aparte, recientemente en la lista de discusión de Canaima se hizo un hilo con un interesante debate sobre si la distribución Canaima y las computadoras quasi-homónimas debían o no llevar el logo de “Hecho en Socialismo”. Pensaba dejar esa discusión como quedó porque tomó unos derroteros insospechados que permitieron -tristemente- que el sentido inicial se desviara. Sin embargo, retomé esta idea ayer cuando la lectura de este post en Huntig Bears me hizo desenfundar de nuevo la pluma para escribir algo al respecto.

Bien, en primer lugar debo decir que comparto con Luis la postura de la no necesidad de “aplicar” este sello a todo lo que se haga o produzca (como si se tratara de ganado que es marcado por sus dueños para ser identificado entre otros), pero creo que hay argumentos que postula Luis que a mi realmente me resultan de poco peso. Dedico este post a mostrarlos aquí porque su blog tiene un problema técnico conmigo y no me deja colgarlos allí directamente. Espero pueda mostrar aquello que me resulta más relevante en esta discusión.

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Sobre modelos sustentables para la posibilidad de la cultura

Hechos del marco legal europeo como la Ley Sinde y los sucesivos recortes al empuje para la difusión de conocimiento en la era digital, están dinamizando una reflexión mundial en torno a los modelos en que la divulgación viral de cualquier hecho cultural (por no llamarlo “producto”) pueda ser posible.

El modelo del copyright está llegando a su fin y está atentando contra los derechos de la sociedad civil. Debemos salir al rescate de la cultura posible y de la posibilidad de la cultura que subyace en la reivindicación de la creatividad como genuina semilla que la alberga. Aquí se presentan en su versión extendida diez modelos de apoyo económico bajo los cuales tal cosa se vislumbra como posible o, al menos, diez respuestas válidas a quienes insisten en que la producción cultural no es sostenible fuera de los esquemas actuales.

Desde la La ex-XGAE y el Forum FCF han venido trabajando desde hace algunos meses atrás, en una declaración al respecto y nos piden divulgarla para facilitar su enriquecimiento.

Va aquí el texto completo.